Como no había perillas en las puertas, Kary alcanzó a ver que las camas de los cuartos de recuperación carecían de ruedas. Las paredes de la casa que hacía las veces de clínica estaban despostilladas. Por los pasillos se veían pasar los uniformes blancos de doctores y enfermeras, quienes animaban a la chica de 20 años que se encontraba recostada en un sofá que funcionaba como quirófano. “En dos horas saldrás caminando sin ningún dolor y ni te acordarás de nada”, le dijo una enfermera.
A Kary le pareció que iban a ponerle un curita en una herida cualquiera cuando ella acudió al lugar para que un profesional de la medicina interrumpiera su embarazo de nueve semanas.
Por ese trato y condiciones de estancia su novio pagó cinco mil pesos en abril de 2010. Kary —quien da su testimonio con un nombre diferente para guardar su identidad— recuerda perfectamente un comentario que hirió su dignidad. “Espero no volverte a ver por aquí pronto”, dijo la doctora.
Abortar en México es un delito, salvo en el Distrito Federal, siempre y cuando se interrumpa el embarazo antes de la semana 12 de gestación. Pero las leyes son incluso más duras en 18 estados que han cambiado sus constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
En abril de 2007, el DF se convirtió en la primera y única entidad en legalizar la interrupción del embarazo. Es por ello que a la capital del país acuden mujeres de otras entidades para abortar sin pena.
Las mexiquenses, las poblanas, las tapatías, las queretanas y las morelenses son las clientas que más acuden a los hospitales privados del DF, dicen médicos de los centros de salud.
Hay “interrupciones” todos los días
Marie Stopes, una organización internacional que ayuda a interrumpir los embarazos no deseados a bajo costo, informa que el promedio de edad de las que asisten a sus consultorios es de 24 años. Una de cada cinco es menor de edad, pero también se atiende a mujeres mayores de 40 años. El costo de la atención en Marie Stopes, cuyo lema es “hijos por elección y no por azar”, es de 2 mil 700 pesos.
La organización cuenta con tres clínicas en el DF: en la colonia Roma, Iztapalapa y Azcapotzalco. Ellos se anuncian en radio e internet.
El Centro Integral de Diagnóstico Ecográfico de Calidad cobra 3 mil 200 pesos por intervención. Luis Rico, director de la clínica, cuenta que desde 2007 a la fecha han realizado 450 interrupciones de embarazo. No obstante, asegura que la asistencia de mujeres ha disminuido.
“Recién aprobada la ley, el promedio era de uno o dos abortos por día. Hoy puede llegar una o ninguna, debido a la amplia oferta de servicios”, dice Rico.
Rocío Mejía, orientadora de la Clínica Acompáñame, asegura que no tiene el registro total de las personas que han atendido, pero comenta que en promedio reciben a unas cinco mujeres por día. Cuenta que los precios se adecuan a los ingresos de la persona que solicita el servicio. La consulta en la que valoran la atención que requerirá la mujer tiene un costo de 300 pesos.
Las autoridades no “vigilan”
La condición jurídica del aborto en la ciudad de México ha hecho proliferar negocios sin una inspección estricta donde, con el objetivo de obtener mayores ganancias, se violan disposiciones legales, como la de practicar abortos sólo cuando la mujer lleva menos de 12 semanas de embarazo.
Una serie de llamadas telefónicas realizadas por EL UNIVERSAL a centros médicos revela que los costos que aplican las clínicas privadas de la capital van de los 2 mil hasta los 10 mil pesos. También se pudo constatar que en ocasiones se realizan abortos a menores de edad que van acompañadas de algún adulto, siendo que la ley establece acudir con el padre, la madre, el tutor o el representante legal.
Una de estas llamada para pedir informes hace constar la laxitud de las clínicas privadas.
—¿Si la persona es menor de edad, cuáles son los requisitos para interrumpir el embarazo?
—La chica tiene que venir acompañada de una persona con credencial de elector.
—¿Puede acudir simplemente con un amigo?
—Sí, claro, pero que se haga responsble de ella.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dice no tener responsabilidad de la vigilancia de los procedimientos que se llevan a cabo en esas clínicas privadas, que desde hace casi cuatro años trabajan sin supervisión oficial.
Lo cierto es que por ley no existe la obligación de las clínicas privadas de declarar que realizan abortos, ni tampoco el número de procedimientos de este tipo y menos aún las ganancias generadas por ello.
Otro aspecto que pone en riesgo la salud de las mujeres es que los abortos pueden ser realizados por médicos generales y no sólo por especialistas. La ley del Distrito Federal indica que de preferencia la interrupción del embarazo sea practicada por gineco-obstetras, pero deja abierta la posibilidad a que lo realice un cirujano general.
“Esto es un negociazo, porque las clínicas no reportan de forma adecuada la cantidad de procedimientos. Difícilmente alguien te pide un recibo de honorarios, por lo que la declaración que hacen de este tipo de eventos suele ser menor que la cifra real, y están teniendo ingresos mayúsculos”, dice Mauricio Osorio, médico ginecólogo del Hospital Ángeles.
Para la constitucionalista Íngrid Tapia, la ley aprobada en la ciudad de México no sacó de la clandestinidad la práctica del aborto, pues sólo parece haber legalizado métodos irregulares. “Lo que mata a las mujeres cuando se practican un legrado es la impericia médica de quienes lo practican, lo único que logró la despenalización durante las 12 primeras semanas es que todos esos médicos que practicaban legrados en la clandestinidad, que eran los causantes de las muertes por su impericia médica, hoy lo hagan impunemente”, dice la abogada.
En hospitales públicos y privados
A falta de estadísticas oficiales que dimensionen la cantidad de mujeres que se practican un aborto en clínicas privadas de la capital, las cifras del gobierno capitalino pueden dar una referencia del fenómeno.
Hasta el 19 de enero se habían realizado 52 mil 484 Interrupciones Legales del Embarazo, en 16 hospitales y dos centros de salud. De las mujeres atendidas, 78% son del DF, 21% del resto de la República y 1% de otros países, entre los que se encuentran Alemania, Argentina y Canadá.
De las que acuden, 47.6% tienen entre 18 y 24 años; 22%, de 25 a 29; 13%, de 30 a 34. El 0.6% tiene de 11 a 14 años y 2.7% de 40 a 44. El nivel educativo de las solicitantes indica que 38.7% estudia preparatoria, 30% secundaria y 20.1% educación superior. Poco más de la mitad son solteras.
Kary, de 20, no confió en la atención de los centros públicos de salud del DF, por lo que buscó interrumpir su embarazo en una clínica privada del sur de la ciudad. Aún recuerda la vieja casa que hacía las veces de hospital y los malos tratos de médicos y enfermeras.
Poco después de practicado el aborto acudió al Instituto de Rehabilitación para la Mujer y la Familia (www.irma.org.mx), donde brindan atención psicológica a mujeres.
Maricarmen Alba, directora de Irma, asegura que la ayuda solicitada aumentó considerablemente a partir de la despenalización. Explica también que las mujeres acuden a lugares donde puede estar en riesgo su vida, porque creen que ese es el costo por abortar.
El novio de Kary acaba de terminar de pagar el préstamo de cinco mil pesos que le hicieron para la atención de su pareja en esa vieja casa que hacía las veces de centro de salud.
