Los lazos familiares y las relaciones políticas entre Gerardo Gutiérrez Candiani, Juan José Álvarez Candiani y Rogelio Hernández Cazares, se han conjugado para timar los recursos de los Servicios de Salud de Oaxaca durante este sexenio de la “Paz y Progreso”.
Gerardo Gutiérrez Candiani, de la nada y sin empresa importante conocida llegó a ser presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); poco después ascendió, y hasta hace algunos días, dejó de ser el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El empresario, aún en funciones institucionales, recibió al presidente Enrique Peña Nieto en la sede del CCE, lugar desde donde comenzó a ayudar a toda la familia Gutiérrez Candiani para enriquecerse, presuntamente con dinero del erario estatal.
Gutiérrez Candiani ha sido apoyado por Diódoro Carrasco Altamirano, pero con un fin, el de consolidar su proyecto para perpetuarse en el poder político. Todo comenzó con el triunfo de la Coalición por la Paz y el Progreso, mismo que debe fortalecerse con la candidatura de Candiani al gobierno del estado de Oaxaca.
La realidad
Mientras eso ocurre en Oaxaca, la familia del empresario se ha enriquecido a costa del erario público. El jefe del CCE, al amparo y protección del gobierno estatal, ha generado una red de turbios negocios para beneficiar a sus parientes y consanguíneos y políticos, en perjuicio de la salud de los oaxaqueños y de las políticas públicas estatales.
Como se ha denunciado públicamente, su familia se ha asentado en la Secretaría de Salud, donde, este año serán los proveedores de medicamentos similares, reetiquetados como medicamentos de patente y a un mayor costo del precio comercial. Esto les generará jugosas ganancias, principalmente para el primo del aspirante a la gubernatura Juan José Álvarez Candiani, principal proveedor de medicamentos al Sector Salud.
Hasta donde se sabe, fue en la ciudad de Puebla en donde adquirieron una imprenta que servirá para maquilar las etiquetas de los medicamentos que se comprarán como similares, mismos que se harán pasar por medicamentos de patente, para justificar el sobrecosto del producto.
Todos estos personajes han puesto en marcha un negocio que les dejará millones de pesos en ganancias durante los años que dure la administración de la “Paz y el Progreso”. Esta corrupción está bajo el cobijo y el amparo de una amistad entre el dirigente empresarial, el gobernador del estado, y algunos operadores de negocios de “la burbuja” de la coalición gubernamental.
Los lazos
Álvarez Candiani es primo del expresidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani, mientras que Rogelio Hernández Cazares, es el recomendado y de todas las confianzas del exdirector del Seguro Popular Salvador Monroy, quien está casado con Paulina Gutiérrez Candiani, hermana del dirigente empresarial. Así que con toda confianza y seguridad pueden seguir haciendo sus negocios, pues saben que el ahora responsable del Seguro Popular, Hernández Cazares, sólo es mera figura decorativa en el área y tiene una mínima participación en los sucios negocios.
Estos hombres, junto con un oscuro jefe de Almacén conocido como “Oso Mentiroso”, establecieron una fantasmal sociedad con Pablo Escandón, el dueño de la empresa de medicamentos Nacional de Drogas (Nadro).
Hace casi diez años, Juan José Álvarez Candiani, fue fichado por la entonces Policía Judicial del estado. Fue acusado de fraude al erario público municipal cuando fungió como tesorero del ayuntamiento encabezado por Gabino Cué Monteagudo. Estuvo un largo tiempo en prisión hasta que las negociaciones políticas con el gobernador José Murat, libraron de toda culpa al entonces munícipe, y permitieron “desvanecer” los delitos de su tesorero municipal.
Lujos y corrupción
Varios años después, Juan José Álvarez Candiani regresó a la administración pública. De reo de la ley, antes de que cumpliera dos años el nuevo gobierno, pudo comprar una fabulosa residencia en la parte alta del ejido Guadalupe Victoria, una supuesta zona de reserva ecológica que le costó 15 millones de pesos, y donde construye una residencia con alberca, como mandan las buenas costumbres.
Parte del grupo de los “Toficos” —como fue conocido el grupo de los entonces jóvenes en el periodo de Diódoro Carrasco Altamirano— ha retornado durante esta administración para continuar con la vida de lujos y placeres al que han estado acostumbrados.
Entre ellos se encuentran Jorge Castillo, a quien vinculan como socio de Víctor Manuel Álvarez, quien a su vez forma parte de la empresa Álvarez Puga y Asociados, una empresa dedicada al negocio del outsourcing, a donde son enviados los socios y afiliados de la Coparmex y el CCE deseosos de hacer negocios sin cubrir los derechos laborales y prestaciones sociales de los trabajadores, evadiendo el pago de los impuestos que le corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El negocio del outsourcing no es desconocido para el presidente nacional del CCE, porque algo ha de haber abrevado de Sergio Castro —el famoso fiscalista, ahora perseguido por las autoridades federales—, cuando vivió en su departamento en Polanco en aquellas viejas épocas cuando llegó a la ciudad de México buscando los mejores horizontes que no pudo alcanzar en medio de la pobreza oaxaqueña. Hoy, Gutiérrez Candiani se ostenta como un famoso empresario, aunque no se le conozcan muchos prósperos negocios, aunque, dicen, es asociado de uno de los hermanos de Diódoro Carrasco Altamirano, Juan José, en una empresa de impermeabilizantes.
La denuncia de los trabajadores
Los propios trabajadores que se desempeñan dentro del Seguro Popular, debido a la franca y descarada postura de los funcionarios por mostrar sus actos de corruptela, han denunciado las irregularidades que desde estas oficinas se cometen.
Varios funcionarios de la dependencia se han enriquecido con recursos destinados a programas de salud, quienes, en los últimos meses, han estrenado camionetas último modelo y otros regalitos que ni con sus empresas bien establecidas hubieran podido adquirir.
Los trabajadores han insistido que cualquier tipo de irregularidad en la compra de medicamentos, evidencia la impunidad frente a instancias federales y estatales, por ello se deben detener y sancionar las anomalías que se presenten, no obstante los candados establecidos para evitarlas. Ante esta situación, han exigido a la Secretaría de la Contraloría inicie una investigación a fondo para castigar las prácticas corruptas que se vienen ejerciendo en la actual administración.
Carina García
Vía @Viral_Noticias
