A más de dos y medio años de haber llegado a la gubernatura como ex priísta y como candidato de la alianza PAN-PRD, el gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González ha quedado atrapado en la red de los intereses de la inseguridad.
Sin una estrategia de seguridad, sin un liderazgo político, lejano de la estrategia del nuevo gobierno federal y sin atender fracasos anteriores, dio un manotazo de autoridad para imponer el mando único en el municipio de Benito Juárez (Cancún), careciendo del apoyo de la alcaldesa morenista y de la mano del encargado de la policía Jesús Capella que ya había salido casi huyendo de Morelos.
El mando único forma parte de la estrategia federal de seguridad, pero requiere de un procedimiento de articulación para obtener resultados. Pero la severa crisis seguridad por matanzas, balaceras y la instalación en la zona de cárteles del crimen organizado, el gobernador Joaquín sólo impuso el modelo de mando policiaco.
Quintana Roo ha sido una plaza codiciada por los cárteles por la facilidad con la que se pueden lavar dólares del crimen organizado. Y si al gobernador priísta anterior lo tienen encarcelado por corrupción, el nuevo mandatario no supo potenciar el estado de ánimo de la sociedad y prácticamente abandonó el tema de la seguridad a la espera que el gobierno federal peñista y ahora lopezobradorista se hicieran responsables de su territorio.
A lo largo de dos y medio años el gobierno estatal quedó rebasado por la inseguridad. Y ahora quiere resolver la crisis con la sola decisión de mando único, sin el apoyo municipal, con un responsable que fracasó en Morelos y sin una idea clara de cómo hacerle, además de tener procedimientos legales en contra de esa decisión.
Capella no había podido poner el mando único en Morelos cuando fue secretario de Seguridad del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, cuya administración fue copadapor alianzas con el crimen organizado. El alcalde de Cuernavaca y hoy gobernador morelense, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, se opuso al mando único y bloqueó a Capella. El mismo modelo contra el mando único tipo Morelos ha aparecido a nivel municipal en Quintana Roo.
En los cinco meses de 2019 el municipio de Solidaridad al que pertenece Cancún ha sido víctima de tres balaceras-matanzas, con más de quince muertos y decenas de heridos. En este sentido, la decisión de imponer el mando único habla de la desorganización en la que se encuentra la seguridad municipal, sin que el gobierno estatal puede de alguna manera coordinar mandos, acciones y programas.
La crisis de seguridad en Quintana Roo estalló a finales de la administración del priísta Roberto Borge, encarcelado por corrupción. Joaquín no logró la candidatura del PRI al gobierno estatal y aceptó competir por la alianza PAN-PRD. Sin embargo, en los casi tres años de gobierno no ha podido entender la lógica de la inseguridad y sobre todo no ha logrado profesionalizar a las fuerzas estatales y municipales de seguridad.
El problema del mando único no radica en la decisión de autoridad de imponerlo, sino que representa un proceso que hoy está enmarcado en el sistema nacional de seguridad pública del gobierno lopezobradorista. El modelo exige capacitación de policías municipales y estatales, articulación y coordinación de mandos con la Guardia Nacional y sobre todo un diagnóstico del nivel de capacitación que deben tener los policías.
Si se impone un mando único con las mismas policías estatales y municipales y sin la capacitación de efectivos policiacos sólo conduciría a enredar más la descoordinación existente. Como en todos los cuerpos policiacos estatales y municipales, la penetracióndel crimen organizado a través del soborno es el principal problema. Por ello la reforma constitucional de la Guardia Nacional dio 180 días de plazo a los gobiernos estatales y municipales para entregar a las autoridades federales un diagnóstico sobre capacidad policiaca y programas locales de seguridad.
El problema radica en la llegada de Capella a Seguridad Pública de Quintana Roo en septiembre pasado, luego de salir chispado de Morelos. Pero el asunto se complica más por la incomprensión y la falta de sensibilidad del gobernador Joaquín González sobre la profundidad y causas reales de la inseguridad. La respuesta policiaca a un asunto de seguridad del Estado a nivel local no hará más que desatar una guerra de bandas con mayores visos de violencia.
Corrupción: de la periferia al centro. Ante el retraso federal en la implementación de un verdadero sistema nacional anticorrupción, las decisiones que salgan del interior de la república hacia la capital son más eficaces. En San Luis Potosí el gobernador priísta Juan Manuel Carreras fue la primera entidad en aprobar reformas contra la corrupción desde septiembre de 2017, entre ellas eliminando el fuero, incluyendo al propio gobernador, que el congreso federal no sabe cómo aprobar. El modelo anticorrupción potosino podría ayudar al congreso federal a sacar una de las promesas del presidente López Obrador.
Política para dummies: La política debe ser el terreno de la claridad porque la confusión tiende a afectar la estabilidad.
