Sí, está bien, adelantemos el reloj y supongamos que el jurado popular encuentra culpable de los cargos al secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haberse aliado con el Cártel de Sinaloa para introducir droga a Estados Unidos, de manera particular crecientes flujos del fentanilo criminal.
Pero el punto central que no se está discutiendo en Estados Unidos es muy sencillo de plantear: quiénes son los responsables americanos de que la droga latinoamericana cruce la frontera, ingrese por toneladas a territorio estadounidense, se distribuya con facilidad a lo largo de los 50 estados americanos, llegue sin problemas a los consumidores en las calles y sume –en datos concretos—200,000 muertos por sobredosis solo de fentanilo.
La droga que procede de América Latina y de China solo puede entrar en territorio estadounidense con la complicidad de autoridades locales en todos los niveles, comenzando con la alianza de narcos con funcionarios americanos a lo largo de la frontera territorial de México con Estados Unidos. En el juicio de García Luna se han aportado pruebas suficientes para señalar que la droga se ha distribuido con facilidad dentro de EU a través de trenes hacia Chicago Los Ángeles y Nueva York y desde la frontera tejana.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reveló a mediados del año pasado uno de los elementos esenciales que alimenta el tráfico de droga: el consumo de estupefacientes naturales y químicos ha crecido más rápido que la capacidad gubernamental para combatirlos y el dato se consolida con las cifras de aumento en las muertes de estadounidenses por sobredosis de opioides: casi 200,000 personas en los últimos dos años fiscales, con la circunstancia agravante de que esos fallecimientos van aumentando cada año por la facilidad del contrabando y la venta.
El último reporte del informe mundial sobre las drogas de la ONU revela que la legalización de la marihuana en Estados Unidos y otros países “parece haber acelerado el consumo diario y las consecuencias relacionadas para la salud”, además de registrar “el aumento sin precedentes de la fabricación de cocaína, la expansión de las drogas sintéticas a nuevos mercados y las continuas deficiencias en la disponibilidad de tratamientos contra las drogas, especialmente para las mujeres”.
El otro dato revelador de la ONBU sobre el narcotráfico es contundente: alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020, un aumento del 26% respecto de la década anterior. “Las personas jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación anterior. En África y América Latina, las personas mayores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas”.
Si aquí se ha insistido en la ley económica que señala que la demanda determina la oferta, el narcotráfico que induce el consumo de drogas encuentra responsabilidad, desde luego, en los cárteles productores de estupefacientes y en las autoridades de los países de origen de la droga que facilitan por corrupción el trasiego de los productos ilegales.
Pero es la hora en que el Gobierno de Estados Unidos criminaliza el consumo de drogas solo en los cárteles y funcionarios de los países de origen, base del modelo de irresponsabilidad definido por el presidente Barack Obama en 2011 con su programa de combate a las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, la droga no cruza por sí misma la frontera ni se distribuye por todo el país ni menos aún se consume si no es con la complacencia en grado de corresponsabilidad y complicidad de autoridades estadounidenses que debieran de aplicar la ley y combatir ese contrabando.
Los responsables mexicanos de la producción de droga y el contrabando merecen ser castigados, pero el problema no se resolverá con prisiones perpetuas a los capos de los cárteles latinoamericanos que producen y exportan la droga, sino que solo habrá una disminución en el consumo cuando las autoridades estadounidenses tomen la decisión de combatir la corrupción que ha permitido que células estadunidenses de nueve cárteles mexicanos tengan todo el control de la distribución y venta al menudeo de la droga en las calles de EU.
Lo que queda por aclarar si el consumo de drogas en EU estaría formando parte de la estrategia de control social.
Política para dummies: La política es una droga.
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