Debido a las investigaciones periodísticas de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la opinión pública pudo conocer el mega fraude cometido por once dependencias del gobierno federal. Fraude que alcanza la cifra de 3.4 mil millones de pesos sin que, hasta ahora, no se haya emitido explicación clara y precisa de la Secretaria de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación. Únicamente se expidió una escueta información en el sentido de que se está investigando lo ocurrido y a los que posiblemente estén involucrados en el delito. Sin embargo, la duda queda de la honestidad con que se maneje el asunto debido a que el Secretario de la Función Pública depende del Ejecutivo Federal y no veo a un secretario de gabinete investigando y poniéndole la cuerda al cuello a sus propios compañeros o al mismo jefe del ejecutivo.
El asunto es que el desvío de dinero se facilitó usando empresas fantasma y universidades en una rendija de la ley que lo hizo posible; eso es lo que investiga la SFP en base a la investigación periodística de Animal Político llamada Estafa Maestra la cual se realizó entre los años 2013 y 2014 desviando 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas de las cuales 11 son “fantasma”, 28 no existen, 12 fueron desaparecidas, 8 no se ubican, 44 no tienen registro en la secretaria de economía, 6 se dedican a otros giros sin relación alguna para lo que fueron contratadas y 10 más no se localizaron por la Auditoria Superior de la Federación que intentó comprobar su legalidad.
De esta forma ilegal, al no cumplir los requisitos que señala la ley, se manejaba el dinero que después de haber pasado por varias empresas se devolvía a la institución que en un principio lo enviaba, es decir, lavado de dinero del y por el gobierno federal. Mega fraude en el que participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y poco más de 50 funcionarios públicos: PEMEX, SEDESOL, SAGARPA, SCT, SEP, FOVISSSTE, Secretaria de Economía, Registro Agrario Nacional, INEA y BANOBRAS.
Las universidades blanqueadoras de dinero son: La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con el FONDICT (hoy desaparecido), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen, y 5 más en Tabasco: Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.
Por su parte, la de Morelos, a través de su rector, Alejandro Vera (acusado por el gobierno de Graco Ramirez por desvío de recursos públicos) se deslindó de la gran estafa aduciendo que la universidad de Morelos fue utilizada y engañada. ¡Vaya excusa!
El fraude gubernamental comprende no solo el desvío de los fondos públicos etiquetados para el combate a la pobreza extrema (55 millones de mexicanos), sino que la mitad de la enorme cantidad de dinero este desaparecida; estamos hablando de 3 mil 443 millones de pesos que nadie sabe donde están, o quien se los robo, o para que fueron utilizados y quien ordenó su uso o gasto. Nadie sabe su paradero y eso es grave porque el resultado de esta estafa; del uso tramposo del dinero aprovechando un hueco de la ley, coloca al gobierno federal en una posición de desconfianza y desprestigio.
¿Como creer y confiar en un gobierno que miente, que trampea, que desaparece y desvía dinero público destinado a combatir la pobreza extrema de 55 millones de personas?
Hay un dicho que dice: “Si me engañas una vez tu eres el culpable, pero si me engañas dos veces yo tengo la culpa”. Y es cierto, no se puede creer en una persona, o en las instituciones tramposas y fraudulentas como las 11 entidades gubernamentales envueltas en la gran estafa, ni en los responsables que han guardado sospechoso silencio al no haber explicado el uso mafioso de la ley desviando, lavando y desapareciendo los dineros públicos.
Conveniente sería que la Cámara de Diputados citara a cada uno de los funcionarios públicos responsables e involucrados en este enorme lavado de dinero realizado por las dependencias oficiales y las universidades estatales que se prestaron como “lavandería” para cometer el delito, por supuesto, mediante el cobro de importante comisión.
El escándalo gubernamental lastima más a la nación, que herida de muerte por el terremoto que destrozó pueblos y vidas en el sureste de Mexico, ya no sabe para donde moverse al tener un gobierno bajo sospecha de corrupción, de lavado de dinero y sin contar con el mínimo de confianza por parte de la nación. La confianza se perdió y el futuro se torna oscuro, toda vez que caminamos de desgracia en desgracia; de corrupción e impunidad cada día más grande, que ha rebasado la capacidad de asombro al estar viviendo realidades que superan las fantasías.
En suma, la nación se ha visto afectada por una ley coja; que tiene un hueco que ha permitido a los bribones beneficiarse con el ilícito millonario; una ley que debe enmendarse, a efecto de que el lavado del dinero no se repita nunca más y que se castigue ejemplarmente.
Reparar la omisión legislativa corresponde a los legisladores, empezando por aclarar lo sucedido y, posteriormente, legislar una buena ley que proteja los recursos económicos del país de los muchos males que acarrean los gobiernos corruptos.
