* Hay fundados elementos de juicio que Claudia Mercedes Gómez Méndez y Jaime Eduardo Luna Méndez, no serán ni la primera ni el último servidor público del Centro SCT-Oaxaca ejecutados
* Según logramos establecer hay fundadas presunciones que las ejecuciones de probables funcionarios corruptos, se hagan extensivas a otras dependencias del ramo de la infraestructura.
(A Carlos Loret de Mola, amenazado de muerte, y a la familia, compañeros y amigos del periodista deportivo Omar Iván Camacho, asesinado en Guamúchil, Sinaloa. ¡Exigimos justicia en ambos casos!)
A la luz de algunos hechos objetivos podemos adelantar que seguirán las ejecuciones de funcionarios. Clamamos al Cielo con los brazos en alto para que nos equivoquemos y no sea así.
Estamos conscientes, claro, que corremos el riesgo de escandalizar a las hipócritas buenas conciencias, a los políticamente correctos y, sobre todo, al pueblo bueno y sabio pejista.
¿Acaso Chelis Chida Pardo está en la lista de ejecutables? ¿Le alcanzará el manto protector del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, que le ha garantizado hasta ahora total impunidad?
Todo sea dicho, desde luego, sin desear mal a nadie. El Dios de nuestros padres guarde la hora de semejante atrevimiento, y menos en los actuales tiempos de la República Moral en la 4T.
Indispensable es recuperar la memoria histórica para no olvidar que Héctor Castañeda Molina, ex director del Centro SCT-Oaxaca está involucrado en la corrupción del Paso Exprés en Cuernavaca.
La corrupción salpica a Servicio De Terracerías, Asfaltos y Construcción, de Antonio Vargas; Aracena Construcciones, de Jorge Aroche, y Estudios, Proyectos y Dibujos, de Víctor Palacios.
A este consorcio de tres constructoras, el corrupto y nefasto ex delegado de la SCT otorgó de manera irregular un paquete de 9 obras en la costa oaxaqueña, por 48 millones 424 mil 978 pesos.
La presunta complicidad de empresarios y funcionarios, se fortalece probablemente en la ejecución de Claudia Mercedes Gómez Méndez, pareja de Giovanni Avelino Ortega Ramírez.
Pero a todo esto, quién es Giovanni Avelino Ortega Ramírez, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Oaxaca. Otra pista causal para los sabuesos.
Una de las primeras interrogantes obligadas en las pistas de las diversas líneas de investigación, es escudriñar en las indagatorias la coincidencia de apellidos. ¿O Claudia y Jaime eran familiares?
La criminología y la criminalística enseñan que no hay crímenes perfectos y menos todavía casualidades y sí causalidades. ¿Claudia y Jaime formaban parte de las mafias familiares en SCT?
Sin ser simplista y menos simplona, la razón es muy simple y sencilla. La justicia por propia mano ha cobrado carta de naturalización. Salvo excepciones, jurídicamente no hay justicia legal.
El mayor mal de la república son, la imposición del modelo sajón de justicia acusatorio y la proliferación de más de 600 reformas constitucionales, con sus leyes secundarias y reglamentarias.
Esa ingeniería constitucional, pérfida y perversa, se agrava con la impunidad, por las amplísimas redes de complicidad y corrupción, que pudren a los poderes e instituciones nacionales.
Es una soberana estupidez, policíaca y gubernamental, culpar de todas las ejecuciones, única y exclusivamente al crimen organizado y al narcotráfico. Puede ser, también, una distracción.
Ciertamente, la mafia no perdona y menos las traiciones. Y una de las mayores traiciones es no cumplir acuerdos y robarse el dinero de las bandas o de los cárteles. ¡Quien lo permita, muere!
Ignoramos, desde luego, si la voladora caerá a otros servidores públicos federales. Sin embargo, más de un pillo de siete suelas en el Centro Oaxaca de la SCT, debe poner sus barbas a remojar.
Según logramos establecer hay fundadas presunciones que las ejecuciones de probables funcionarios corruptos, se hagan extensivas a otras dependencias del ramo de la infraestructura.
Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de las Infraestructuras, Caminos y Aeropistas, Comisión Estatal del Agua y, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
Otras dependencias del sector son, la Comisión Estatal de Vivienda y los Institutos del Patrimonio Cultural del Estado y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.
En el sector responsable de las infraestructuras proliferan los probables corruptos. Ante el clamor del respetable que exige ¡Nombres, nombres! Respondemos: ¡Calma, calma! Sigan leyendo.
Tienen bien ganada fama pública por el saqueo del dinero público, sobre todo, en el reciente pasado en el que uno de los vicegobernadores impuso el 30% de comisión por adelantado.
Funcionarios y ex funcionarios son prósperos constructores con el dinero robado al presupuesto de SCT, SINFRA, CAO, CEA, SAPAO, CEVI, IOCIFED e IMPAC, que tampoco escapa a la corrupción.
Ante editores de medios digitales y columnistas, un alto funcionario reveló que los adeudos a proveedores y prestadores de servicios sumó 5,200 millones y 30 mil millones, el saqueo total.
El presidente del Club de Periodistas de Antequera, Ángel Soriano Carrasco, organización integrante del Frente Estatal por la Defensa de los Periodistas Oaxaqueños, invitó al funcionario.
Lo que no dijo el funcionario en cuestión, quien inusualmente hizo importantes revelaciones, a cambio de no transmitir en vivo, fue que miles de esos millones fueron cobrados por funcionarios.
Mucho de este saqueo saben ex titulares y funcionarios de organismos constructores como Caminos y Aeropistas de Oaxaca, como Guillermo Martínez Gómez, José Luis Pinacho Gómez.
Nuevamente llama la atención la coincidencia en el apellido Gómez. Seguramente han formado parte, también, de las mafias familiares en CAO, a las que se suman Pascual Luz Orea Morán.
Todos involucrados en la desviación del pago y probable peculado en el Gobierno de Gabino Cué contra el propietario de la empresa Diseño, Adaptación y Construcción Integral, Alfredo Velasco.
Lamentable y dolorosamente la terca realidad termina por imponerse y el Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa premió a Pascual Luz Orea como Subsecretario de Obras Públicas en SINFRA.
El Gobierno de Oaxaca adeuda como ente público 11 millones al licenciado Velasco Méndez, quien denunció la fallida extorsión que fue objeto por 2 millones 800 mil pesos para poder cobrar.
Ante las amplísimas redes de complicidad del vicegobernador Jorge Enrique Castillo Díaz, a pesar de sus instrucciones precisas, poco o nada pudo hacer el ex Fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.
El Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, retomó el caso con la esperanza que prosperen las denuncias contra la mafia de Jorge Castillo en CAO y ante todo el pago de 11 millones de adeudo.
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