* Los recursos y contraprestaciones al ejido por la extracción de oro y plata en la mina El Águila, operada por la filial estadounidense Gold Resource Corporation, en San José de Gracia, es motivo de disputa permanente.
Dado que en política y en la delincuencia política no hay casualidades, sino causalidades, obligado es pensar mal para acertar, como legó a la posteridad el genial Nicolás Maquiavelo en El Príncipe.
El asesinato de Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam y cuestionó, con el típico “modus operandi” de una ejecución obliga a cuestionar.
El ataque ocurrió la madrugada del jueves en el barrio Vista Hermosa y dejó como evidencia 29 casquillos calibre 9 mm y la camioneta oficial del ejido con 12 impactos de bala en el parabrisas.
Obligado es escudriñar en las varias líneas de investigación el probable feminicidio sin descartar una mano negra que meza la cuna de la violencia en el controvertido municipio de San Pedro Totolápam.
El crimen se registra en el marco de la defensa de los recursos naturales del territorio en el municipio que es la sede del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU).
El más ambicioso megaproyecto prioritario del gobernador Salomón Jara Cruz ha implicado inversiones superiores a los 80 millones de pesos entre agosto y el último trimestre de 2025.
Aunque impulsado como una solución medioambiental para evitar la contaminación por residuos sólidos, el proyecto generó profunda división entre la población en su aprobación y operación.
A ello se suma la actividad extractiva de la mina El Águila, operada por la filial estadounidense Gold Resource Corporation en la localidad de San José de Gracia, en jurisdicción del territorio ejidal.
La mina, que extrae metales preciosos como oro y plata, ha sido el epicentro de conflictos laborales con paros en demanda del reparto de utilidades y conflictos con los sindicatos de transportistas.
Además, el control de los recursos y las contraprestaciones que el ejido recibe por la actividad minera ha sido motivo de pugnas internas entre grupos agrarios y sindicatos de transportistas.
Nazareth Cortés Velasco era una férrea activista defensora de la tierra y el territorio en Oaxaca, reconocida por su firme labor en la protección del medio ambiente, la flora y la fauna del estado.
Al no ser una representante agraria más, a qué intereses políticos y económicos estorbaba su sólido liderazgo forjado en una amplia trayectoria en la defensa de los recursos naturales de su comunidad.
¿Quién pudo ordenar la ejecución de la presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam en un caso más de violencia extrema contra un importante liderazgo en la región?
Dónde está la combativa voz de las organizaciones feministas para exigir justicia por la ejecución de Nazareth Cortés Velasco. ¿O no les importa porque es campesina indígena y no correligionaria?
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