La cada vez más brutal violencia e inseguridad en las diversas regiones del Estado provoca inocultable ingobernabilidad en Oaxaca y, a querer o no, guste o no, golpea directamente al PRI y, por tanto, al gobierno de Alejandro Murat.
Harto preocupante debe ser para el mandatario estatal priista que hay amplias posibilidades que el próximo 1 de julio la ingobernabilidad generada por la inseguridad provoque votos de castigo contra los candidatos del PRI-gobierno.
La preocupación debe aumentar en el titular del Poder Ejecutivo Estatal por las torpes declaraciones del Secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, quien atribuyó la creciente inseguridad y violencia a una “campaña mediática”.
Y más todavía, porque dos días después que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que en la entidad prevalece la seguridad y que hay paz; fue rotundamente desmentido por el asesinato del constructor Bernardo Jerónimo Felguérez García.
Tras diversos hechos violentos, el joven gobernante oaxaqueño descartó una crisis por los recientes crímenes y dijo que las corporaciones mantienen operativos de vigilancia permanentes.
Si bien es cierto que la creciente espiral de inseguridad y violencia en Oaxaca no alcanza las elevadas cotas de sangre y muerte que en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California, no es menos cierto que la percepción generalizada es otra realidad.
La sensación de inseguridad pública en el país en marzo del 2018, aumentó casi 4 puntos porcentuales respecto al año anterior, al registrarse que el 76.8 % de la población de 18 años y más consideran que vivir en su ciudad es inseguro, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En Oaxaca, la percepción de inseguridad, es de 74.9 por ciento de la misma edad y más, una cifra ligeramente menor, comparada con el promedio nacional, según el informe de la primera quincena de marzo de este mismo año, que proporcionó el INEGI.
Especialmente preocupante debe ser para los sectores empresariales y de negocios limpios y sucios, no necesariamente productivos, que en menos de un mes han sido asesinados dos de sus destacados integrantes con el típico “modus operandi” de ejecución.
En un ejercicio de prospectiva y creación de escenarios futuros, obligado es preguntar públicamente quién será el siguiente empresario asesinado y/o ejecutado. En entregas anteriores de esta columna hemos advertido que así será. La mafia no perdona traiciones.
El tiempo y la terca realidad que siempre termina por imponerse, dolorosa y lamentablemente, nos han dado la razón, por lo que es indispensable advertir y alertar que todo parece indicar que seguirán muriendo hombres de negocios limpios y sucios. ¡Que las autoridades respondan!
¿Qué están haciendo mal los empresarios oaxaqueños de manera abiertamente ilegal, lavando dinero del crimen organizado y del narcotráfico, y robando a éstos, o incumpliendo a sus cómplices en el reparto del botín por sus actos de corrupción?
Ello debe motivar a la comunidad oaxaqueña en general y, en particular a los propios empresarios y hombres de negocios, a analizar “qué se han comido”, como suele decirse en el lenguaje policíaco o bien, en qué malos pasos o líos, incluyendo los de faldas, andan metidos.
De ninguna manera, se trata de prejuzgar, Dios guarde la hora de semejante atrevimiento, sino de demandar a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que no descarten ninguna pista, empezando por seguir la huella del dinero de los asesinados, para que su crimen no quede impune. Para ello pueden pedir apoyo a la PGR y al SAT.
No menos preocupante es que algunos dirigentes de las cámaras y organismos empresariales carecen de autoridad moral, social y política, por su probable corrupción, toda vez que se hicieron socios y cómplices de Jorge Castillo Díaz en el saqueo realizado por el ex gobernador Gabino Cué.
Con el objetivo de contrarrestar algunas cifras negativas de homicidios ocurridos en las últimas semanas en la entidad, diversas instancias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de los tres niveles de gobierno dieron a conocer los resultados obtenidos en un mes de trabajos conjuntos.
El Secretario de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jáuregui, informó sobre las acciones realizadas en 30 días, en las que destacan: aseguramiento de armas, detención de homicidas, feminicidas, narcomenudistas y secuestradores.
Asimismo, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, señaló que una de las acciones más importantes en un mes, fue en el combate al narcomenudeo, tras un operativo realizado el 22 de marzo en la Central de Abasto.
Como resultado del operativo tuvo lugar la detención de tres personas por la posesión de 299 dosis de droga (192 de piedra, 10 dosis de cristal, 41 de cocaína, 58 de heroína). “Nunca se había asegurado tanta dosis de droga en la Central de Abasto”, aseguró.
Por otra parte, sostuvo que días después se detuvo a dos distribuidores y se desmantelaron laboratorios de droga. Los ahora detenidos están vinculados a otros delitos como cobro de piso, secuestro y extorsión.
De igual forma, destacó la detención del líder de la CTM en San Pedro Pochutla, Luis Manuel Vázquez Sánchez, alias “Manuelón”, ocurrida el 13 de abril en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR).
En el acto realizado en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes el delegado de la Procuraduría General de la República, Jaime Porfirio García Belio, y el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca (AEIO), Antonio Yglesias Arreola.
Asimismo, asistieron el titular de la Estación Oaxaca de la Policía Federal, Ricardo Ballina Guerrero; el comisionado de Vialidad y Seguridad Pública de Oaxaca de Juárez, Jorge Alberto Guillén Alcalá.
Estos aciertos de las acciones conjuntas de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se ven empañadas por la negociación de la ley al ceder los Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia a las presiones y chantajes de grupos sociales.
Luego del enfrentamiento y violencia provocado por habitantes de Santo Domingo Teojomulco en Ciudad Judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de nueva cuanta resolvió bajo presiones.
Lo anterior al dictar Sentencia Absolutoria a favor de Miguel Roque Osorio y Fortunato Roque Osorio acusados de Homicidio Calificado con la Agravante de Ventaja en agravio de Mauro López Gómez, detenido por ebrio escandaloso.
La víspera de la resolución, armados de piedras, palos y machetes retuvieron a dos mil empleados que laboran en las instalaciones de gobierno, a fin de exigir la liberación de sus compañeros.
Al día siguiente, se dictó inmediata liberación a Miguel Roque Osorio y Fortunato Roque Osorio, paisanos de quienes lesionaron a empleados de Gobierno y los mantuvieron retenidos por más de 11 horas, sin que las corporaciones policíacas actuaran.
Ambas personas fueron acusadas de homicidio de Mauro López Gómez, a quien supuestamente golpearon y más tarde murió en su domicilio tras ser liberado de la cárcel municipal.
Como el mal ejemplo cunde, familiares y Organizaciones No Gubernamentales demandaron al Poder Judicial la libertad inmediata del dirigente de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), Librado Baños Ramírez.
Eva Lucero Rivero Ortiz, portavoz y esposa del defensor del territorio en la Costa de Oaxaca, anunció una campaña para lograr la liberación de Baños, recluido en el penal de Santa María Ixcotel desde 2013.
Lamentó que hasta el momento no se han garantizado las medidas cautelares dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), al estar enfermo y débil visual, sin que se garantice el respeto a los derechos humanos.
Afirmó que el procedimiento para detenerlo y procesarlo estuvo lleno de irregularidades, al acusarlo de delitos federales, como secuestro y portación de arma de fuego, “demandamos que se dicte sentencia absolutoria”.
Externó que desde hace 5 años, el fundador de la colonia UCIDEBACC en Pinotepa Nacional permanece injustamente recluido en la Penitenciaría Central, no obstante están a la espera de la audiencia de vista.
Afirmó que Baños Ramírez perdió la vista y presenta un grave deterioro de salud como consecuencia irreparable de la tortura, tratos crueles y degradantes.
Subrayó que la campaña tiene como fin lograr la libertad de su compañero de vida y un instrumento de compensación, así como brindarle el tratamiento médico necesario, sugerido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Por otro lado, con una marcha, organizaciones sociales y familiares de Roque Coca Gómez exigieron la libertad del activista de la Sección XXII de la CNTE, quien fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR).
La marcha partió de la Fuente de las Ocho Regiones al zócalo y en el camino los manifestantes exigieron la libertad del activista, argumentando que fue detenido de manera arbitraria.
Detallaron que la detención forma parte de una represalia del Juez de Distrito ante Coca Gómez, luego que fue liberado en mayo del año pasado.
Indicaron que en su momento el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo del Décimo Tercer Circuito ordenó su libertad, sin embargo, el Juez Tercero de Distrito fue quien ordenó la reaprehensión, pero oculta que éste dejó de acudir a firmar al Juzgado de Distrito.
Al respecto, exigieron la libertad del activista e indicaron que es ilegal. Precisaron que al igual que en Oaxaca, en la Ciudad de México también realizan una marcha.
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