Los recurrentes conflictos entre los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como los señalamientos de corrupción contra el magistrado presidente José Luis Vargas restan certeza, según expertos, al proceso electoral que deberán calificar a partir del 7 de junio.
El Tribunal electoral tiene ante sí, la validación de una de las elecciones más grandes en la historia de México donde se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados; 30 congresos locales, y mil 900 municipios.
Para el exconsejero electoral, Eduardo Huchim, los constantes desencuentros entre los miembros de la Sala Superior y el sentido de sus resoluciones han vulnerado la credibilidad de la institución a tal grado de cuestionar su eficacia en el contexto actual.
“El hecho de que refleje esta imagen de confrontación interna, de falta de solidez de parte del magistrado presidente, unas resoluciones que francamente resultan indefendibles y una inconsistencia en sus criterios, que a veces parecen ser hechos a la medida, es un conjunto de situaciones que llevan a preguntarse si debe continuar el Tribunal electoral en su constitución actual”, consideró Huchim en entrevista con Forbes México.
Para la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, el Tribunal electoral no ha brindado las garantías necesarias sobre la efectividad de sus sentencias sobre distintos problemas electorales en apego a lo que mandata la ley.
“¿Hemos tenido hasta el día de hoy un Tribunal que nos brinde esas garantías? Me parece que no, ¿Abona positivamente la división interna con la que están ahorita? Me parece que no; sin embargo es esa la instancia que nos tiene que dar, que le corresponde las etapas de calificación de las elecciones y por ende está obligado a brindarnos esas garantías”, apuntó San Martín en entrevista.
Durante el proceso electoral, los magistrados se han confrontado públicamente con el magistrado presidente José Luis Vargas a quien han acusado de ejercer un mandato arbitrario.
El caso más reciente fue el que se originó a partir de un oficio que giró la presidencia del Tribunal en la que se exigía a los demás magistrados revelar el sentido de sus votos antes de las sesiones públicas.
Los magistrados Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otalora, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, acusaron que la medida no contaba con sustento legal y vulneraba su independencia y autonomía.
Para San Martín, esta disposición no abona al ambiente de certeza y garantía de que el proceso electoral se observará de acuerdo a lo que estipula la ley.
“El magistrado tendrá que ser el primero en brindar esas garantías, de certezas. Determinaciones como la que tuvo hace un par de días de enviar un oficio a sus colegas para que le adelanten el sentido de su voto para poder ordenar las votaciones previo a que se celebren las propias sesiones, no abona en esa dirección”, consideró.
Otro caso que marcó al TEPJF fue el análisis de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena luego que el INE revocó su postulación al no haber reportado gastos de precampaña.
José Luis Vargas, magistrado presidente, fue acusado de dilatar las sesiones de la Sala Superior a fin de cabildear con los demás magistrados un proyecto que le devolvería la candidatura al guerrerense.
A los conflictos internos, se debe sumar el señalamiento por corrupción contra el magistrado presidente.
El magistrado es indagado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR).
José Luis Vargas, quien ha acudido a declarar ante las autoridades, ha asegurado que el origen de su patrimonio es legal, y manifestó estar a disposición de las autoridades cuando estas lo requieran.
“Tenemos un Tribunal fragilizado por esta situación (las confrontaciones) y obviamente la máxima autoridad en materia electoral tiene que ser una institución muy fuerte, muy solida, capaz de resistir presiones desde donde vinieran, sea del poder, de los partidos, pero tenemos a una sala que tiene todos esos problemas”, señaló Huchim.
Para el exconsejero electoral, una de las soluciones para que la calificación de las elecciones tenga certeza, es que la Suprema Corte adquiera esta facultad y se integre una sala especializada en materia electoral.
“Se esperaría que una Sala especializada en la estructura de la Suprema Corte pudiera funcionar de una mejor manera porque lo que hemos tenido en el Tribunal electoral después de la primera generación ha sido francamente deficitario”, sostuvo.
Se tiene previsto que el proceso electoral 2020-2021, el Tribunal electoral tenga que analizar hasta 32 mil asuntos. Previo a la jornada electoral, el organismo ha recibido 7 mil asuntos vinculados a los comicios.
Forbes
