Autoridades comunitarias y agrarias, defensoras y defensores del territorio, así como organizaciones de la sociedad civil, exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca plenamente el derecho de las comunidades a decidir sobre el agua, sus territorios y los bienes naturales que históricamente han protegido.
Durante el encuentro nacional “Hacia una propuesta de Capítulo Normativo sobre Derecho al Agua de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizado los días 19 y 20 de septiembre en Juchitán, representantes de comunidades de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Estado de México plantearon la necesidad de que la legislación garantice la libre determinación, autonomía y participación efectiva de los pueblos en las decisiones relacionadas con el agua.
Los participantes demandaron que la nueva legislación reconozca los sistemas comunitarios de gestión, administración y cuidado del recurso, además de las características hidrológicas particulares de los territorios indígenas, con el objetivo de proteger manantiales, ríos, acuíferos y otras fuentes de abastecimiento.
Las organizaciones convocantes, entre ellas la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., ASER Litigio y el Instituto Jurídico de Autodeterminación Indígena, señalaron que la elaboración de la nueva Ley General representa una oportunidad para incorporar garantías efectivas al derecho colectivo al agua.
Uno de los principales planteamientos fue que el agua sea reconocida como un bien común y no como una mercancía, al tiempo que se garantice la participación de las comunidades ante concesiones, autorizaciones, obras de infraestructura y proyectos que puedan modificar o afectar sus territorios y fuentes de abastecimiento.
Maira Olivo Paz, abogada especialista en derecho indígena y coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, señaló que existe una disputa entre quienes consideran el agua un bien común y quienes buscan su aprovechamiento como un producto susceptible de mercantilización. Por ello, sostuvo que la nueva legislación debe incorporar las voces y derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Durante el encuentro también se manifestó preocupación por proyectos extractivos y de infraestructura, entre ellos el fracking, la extracción de hidrocarburos, las presas, los trasvases y las denominadas zonas de sacrificio.
Nadir Hernández Quiroz, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, cuestionó que este tipo de proyectos sean presentados como soluciones para el abastecimiento o desarrollo, mientras, afirmó, persisten pendientes en materia ambiental, transparencia y viabilidad técnica. También destacó que las comunidades continúan sosteniendo buena parte de las tareas relacionadas con el abastecimiento y cuidado del agua.
Otro de los reclamos fue que la nueva Ley General incorpore un concepto amplio de territorio indígena, debido a que, señalaron, los derechos colectivos no deben estar condicionados únicamente a la existencia de títulos de propiedad agraria o privada.
Las organizaciones también pidieron que el proceso legislativo observe los principios de progresividad y no regresividad de los derechos, y que la nueva normativa sea armonizada con la Constitución, la legislación nacional, las resoluciones judiciales y los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, advirtieron que la participación de las comunidades en la construcción de la ley no debe limitarse a reuniones o asambleas sin efectos concretos sobre el contenido final de la iniciativa.
En este sentido, solicitaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) establecer un mecanismo público de trazabilidad que permita identificar las propuestas realizadas por cada asamblea, comunidad o mesa de trabajo, así como conocer cuáles fueron incorporadas a la iniciativa, cuáles fueron descartadas y las razones que sustentaron dichas decisiones.
Las comunidades y organizaciones participantes insistieron en que la nueva legislación debe construirse con la participación efectiva de los pueblos, bajo el principio de que las decisiones sobre el agua y los territorios indígenas no pueden tomarse al margen de quienes los habitan y protegen.
