Diana Mendez
Padres de familia y pasantes de Medicina, Enfermería y Odontología iniciaron protestas en la capital oaxaqueña para denunciar lo que consideran un atropello a los derechos de los jóvenes en formación, luego de que autoridades federales y estatales de salud anunciaron cambios obligatorios en las sedes del servicio social.
De acuerdo con los inconformes, mediante un oficio firmado el 19 de agosto por la doctora Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud, se ordenó la modificación de constancias de adscripción y asignación que ya habían sido previamente entregadas de manera legal y transparente a los estudiantes. Estas plazas habían sido seleccionadas con base en el promedio de cada alumno, así como en factores personales y económicos como la distancia de sus domicilios, gastos de traslado y viáticos.
Sin embargo, denunciaron que el gobierno de Oaxaca, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, convocó a los pasantes de distintas universidades públicas y privadas a presentarse el próximo 8 de septiembre en el campus Rosario de la URSE, con el fin de retirarles las sedes previamente elegidas y reasignarlos a centros de salud comunitarios de primer nivel. Según los testimonios, la reubicación se realizaría sin respetar el proceso de selección, lo que violaría la normativa vigente y los derechos adquiridos por los estudiantes.
Padres y pasantes advirtieron que esta medida no solo vulnera la formación académica y profesional de los jóvenes, sino que también pone en riesgo su integridad, ya que serían enviados a comunidades alejadas con horarios de 24 horas y sin días de descanso, en un contexto marcado por la falta de medicamentos, insumos médicos, infraestructura y condiciones de seguridad. “Nuestros hijos no reciben un sueldo, muchos ni siquiera una beca, y ahora quieren cargarlos con la responsabilidad de cubrir la falta de personal contratado en los centros de salud”, señalaron durante la protesta.
El movimiento, que se ha extendido a estudiantes de diversas universidades de Oaxaca —como la UABJO, URSE, La Salle, SUNEO (UNSIS, UNCOS, UNISTMO, UMAR, UNICHA) y otras instituciones—, denuncia que esta imposición responde a una estrategia gubernamental para disfrazar la crisis de personal en el sector salud, trasladando la carga de atención médica a pasantes que aún no cuentan con cédula profesional.
Los familiares y estudiantes exigieron respeto al Programa Nacional de Servicio Social, el cual establece que las plazas se deben otorgar de acuerdo con un procedimiento transparente y con apego a la ley. Asimismo, hicieron un llamado al gobierno federal, al gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de Salud para frenar lo que calificaron como una medida arbitraria que vulnera derechos humanos, laborales y académicos.
“Queremos concluir nuestro servicio social en las sedes que elegimos conforme a nuestros méritos y no ser expuestos a riesgos innecesarios ni ser utilizados políticamente. Pedimos una respuesta inmediata y que se respeten nuestras plazas”, expresaron los pasantes, quienes aseguraron que continuarán movilizándose hasta obtener una solución.
