Protestan integrantes del MULT frente a Palacio de Gobierno; exigen justicia por Adriana y Virginia Ortiz García.

Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) realizaron una protesta este martes frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir avances en las investigaciones por el asesinato de las defensoras comunitarias Adriana y Virginia Ortiz García, al cumplirse un año y nueve meses de los hechos, así como la localización con vida de Daniela y Virginia, reportadas como desaparecidas.

Durante la movilización, las y los manifestantes portaron pancartas y lanzaron consignas para demandar el esclarecimiento del doble homicidio y el fin de la impunidad. Los inconformes señalaron que, después de 21 meses, no existe una sola persona detenida por el crimen, situación que, afirmaron, refleja la falta de resultados por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia.

El MULT aseguró que las investigaciones permanecen sin avances significativos, por lo que acusó una respuesta insuficiente de las autoridades estatales y de las instancias de procuración de justicia.
La organización sostuvo que Adriana y Virginia Ortiz García dedicaron su vida a la defensa de los derechos de la Nación Triqui y de sus comunidades, por lo que consideró que su asesinato representa un ataque contra las mujeres defensoras y contra quienes luchan por los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, el movimiento hizo un llamado a las autoridades para intensificar las labores de búsqueda de Daniela y Virginia, al señalar que sus familias continúan esperando respuestas y resultados que permitan conocer su paradero.

Durante la protesta, los manifestantes reiteraron que no permitirán que el caso quede en el olvido y advirtieron que continuarán realizando movilizaciones hasta que existan avances concretos en las investigaciones y se garantice el acceso a la verdad y la justicia.
Finalmente, el MULT exigió investigaciones diligentes, transparentes y con resultados verificables, además de un compromiso efectivo del Estado para combatir la impunidad y garantizar la protección de las mujeres defensoras y de las comunidades indígenas.