Al enterarse que el presidente municipal de San Agustín de las Juntas, Samuel López Aquino habría buscado la protección política del diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, el pueblo exigió al legislador sacar las manos y respetar los usos y costumbres, al tiempo de responsabilizarlo de cualquier incidente violento.
La víspera, seguidores del edil se encargaron de divulgar en la población que el diputado perredista ofreció protección política al cabildo a través de la Secretaría General de Gobierno y desde la Cámara de Diputados, para evitar una auditoría y la posible revocación de mandato, vendiéndoles la idea de que esa exigencia “no pasará”.
Sin embargo, los ciudadanos no han exigido la revocación de mandato de su autoridad municipal, sino la salida física e incondicional de los regidores suplentes que además perciben una dieta económica mensual y porque son quienes han dividido al cabildo manipulando al edil, por lo que se iniciaría en su contra un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Durante la asamblea popular del domingo 26 de febrero el clamor generalizado fue la salida inmediata de los suplentes, así como la revisión del corte de caja del tesorero, porque no es congruente con la realidad, por lo que el pueblo nombró una comisión revisora, la cual no pudo cumplir su misión, debido a la negativa del edil.
Con la intromisión del diputado perredista Carol Antonio Altamirano, la comunidad valora solicitar formalmente la intervención de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, para informar sobre la situación social que prevalece en este municipio conurbado y para evitar la politización y el manoseo político.
Hasta el momento, la Secretaría General de Gobierno se ha mostrado indiferente con la problemática de San Agustín de las Juntas.
Agencia JM
