Se supone que las campañas electorales son ejercicio de planeación estratégica en cuyo centro deberían estar las propuestas de campaña.
Solo debieran distinguir a un candidato de otro su oferta electoral y su historia de vida que de garantías de que esas propuestas serán implementadas con diligencia.
Pero en algún punto del camino nos extraviados y las campañas son hoy cualquier cosa, menos ejercicios planificados de persuasión con base en propuestas pertinentes y concisas.
Las plataformas electorales se han convertido en mamotretos que se refritean en sucesión interminable para cubrir un requisito burocrático para que los partidos puedan inscribir candidatos.
Por eso hoy las grandes protagonistas son las ocurrencias que los candidatos creen que solucionarán la interminable problemática social. Sin planeación y sin más estrategia que tener algo que repetir en cada encuentro con los electores y ante la prensa.
Ni los partidos ni los candidatos hacen diagnóstico de la realidad, prefieren guardar ese dinero para más publicidad o para quien sabe qué otras cosas.
“Las elecciones se ganan con votos, no con propuestas” se viene escuchando cada vez con más frecuencia ante la indiferencia de gran parte de la población que ha dejado de creer no solamente en los partidos, sino en la democracia.
Por desgracia, cada vez son más las regiones de México donde las elecciones son un requisito de forma para legitimar a quien, de antemano se sabe, va a ganar.
¿Qué hacer para devolver su lugar a las propuestas?
Un buen inicio podría ser hacer campañas con perspectiva de derechos humanos. Me explico:
Los derechos humanos no son solamente un catálogo de principios universales, ni de buenas intenciones.
Su respeto, observancia, cumplimiento, garantía y realización efectiva son criterios de legitimidad de los gobiernos a todos los niveles y en todas sus funciones.
Un gobierno, independientemente de qué porcentaje de su electorado haya salido a votar para elegirle, puede ser más o menos legítimo en la medida en que su población tenga acceso al libre tránsito, a la libre expresión, a la libre expresión de la identidad sexual, a los servicios de salud de calidad, a la educación, a un medio ambiente sano, y al cúmulo de los derechos que son considerados como universales.
Los comités de la ONU tienen ya una radiografía exacta de cuáles son nuestros principales desafíos que bien pudieran retomar los candidatos para, en caso de ganar, hacerlos plan de trabajo en las administraciones públicas o en los congresos. Tales desafíos son:
Falta de mecanismos para reparación del daño a víctimas, persistencia de la discriminación contra mujeres, comunidades afromexicanas y pueblos indígenas (participación política, brechas salariales, seguridad social);
falta de investigación y sanción de delitos motivados por orientación sexual o identidad de género, persistencia de violencia contra la mujer, falta de mecanismos para presentar denuncias y falta de formación de las autoridades en materia de género, falta de acceso al aborto legal, seguro y efectivo;
persistencia de tortura, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza; detenciones arbitrarias de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; deber de eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico, y disminuir el uso de la prisión preventiva justificada;
las condiciones de internamiento en las cárceles sigue siendo inhumanas, violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas;
fata de recursos judiciales efectivos para víctimas de violaciones a derechos humanos, falta de garantías de los derechos económicos, sociales y culturales en todos los niveles del sistema judicial;
los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo constantemente violados, específicamente el de consulkkta previa e informada, ausencia de políticas públicas contra la discriminación, condiciones de trabajo insuficientes para las mujeres;
falta de recopilación de datos sobre personas afromexicanas, falta de definición en la ley de discriminación racial, falta de recursos del CONAPRED, situación preocupante de los pueblos indígenas para acceder al trabajo, la educación y la salud;
persistencia de la tortura, falta de adopción del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, falta de salvaguardas para la Protección contra la tortura de personas privadas de libertad, a la asistencia de un abogado, al debido proceso, servicios de defensa pública ineficaces, persistencia de confesiones y pruebas obtenidas mediante tortura;
Persistencia de uso excesivo de la fuerza, sistemas de denuncia ineficaces, sobre población de los centros penitenciarios y condiciones indignas de internamiento, niños privados de su entorno familiar por pobreza, matrimonio infantil en comunidades indígenas, abuso sexual, trata y explotación sexual;
Constante vulneración de derechos, corrupción, abuso de autoridad, discriminación, violencia física, psicológica y sexual contra migrantes, hay estados pendientes de adoptar leyes contra la discriminación.
Y junto a las anteriores, existen muchas otras asignaturas pendientes que requieren primordialmente dos cosas: recursos económicos y voluntad política.
Hay que visibilizarlas, hablar de ellas y entender que atenderlas es un imperativo moral y una necesidad social cada vez más urgente.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
