Como parte del compromiso del Partido Acción Nacional (PAN) para combatir la corrupción, el coordinador de la fracción parlamentaria albiazul en el Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes presentó una iniciativa para reformar el artículo 38 de la Ley de Fiscalización del Estado.
Lo anterior, explicó el legislador, regresaría la autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que ésta inicie los procedimientos judiciales contra las y los servidores públicos que incurran en alguna irregularidad, sin necesidad de autorización por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Recordó que el 15 de Septiembre de 2016, la LXII Legislatura del Estado restringió facultades a la ASE, por lo que para proceder penalmente contra de funcionarios de elección popular y de los previstos por el artículo 118 de la Constitución Política, por delitos cometidos con motivo de su encargo, la Jucopo tendría que autorizar a la Auditoría, presentar la demanda penal.
La modificación a la Ley de Fiscalización, dijo, generó la inconformidad de la ciudadanía y de los especialistas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, dado que se trata de un requisito inadmisible que va a contracorriente de la dinámica nacional y que representa un obstáculo para el debido ejercicio de las acciones penales.
“Además de convertir a la Jucopo en una instancia revisora de los procedimientos de fiscalización, en demérito de la autonomía operativa de la Auditoría, la ubica como instancia extrajudicial y de protección a la impunidad bajo criterios de coyuntura económica o política”, señaló.
Por tanto, sostuvo, es urgente devolver la autonomía a la ASE, ya que ni antes ni mucho menos ahora, la intervención de la Junta de Coordinación Política puede tener cabida en el nuevo Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
La aduana política en la que se ha convertido la Junta para ejercer acción administrativa y penal a criterio y de manera discrecional, se parece más a un refugio de la impunidad y en uno de los mayores impedimentos para la confirmación definitiva de la cultura de la legalidad, sentenció.
De ahí que llamó a las y los diputados a sumarse a esta iniciativa y aprobarla a la brevedad, con el fin de garantizar la aplicabilidad del Sistema Estatal Anticorrupción.
