Convencida de que el empoderamiento económico de las mujeres, contribuye a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo, la diputada Martha Alicia Escamilla León propuso al pleno de la LXII Legislatura una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social para promover el empoderamiento de la mujer en los sectores productivos.
Al exponer los motivos de esta iniciativa, Martha Alicia Escamilla dijo que “las mujeres contribuimos de manera muy significativa a las economías desde cualquier trinchera en la que participemos, sea desde el hogar, como obreras, como empleadas o como empresarias”.
Lamentablemente, señaló, es necesario reconocer que como género, seguimos sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación. La discriminación de género implica que a menudo las mujeres acabemos desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, y siguen siendo una pequeña minoría en puestos directivos. La discriminación también reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos y limita nuestra participación en el diseño de políticas públicas económicas y sociales.
Frente a ello, propuso reformas a la Ley de Desarrollo Social de la entidad para impulsar el desarrollo de capacidades, a través del cual se obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. El desarrollo de capacidades y no el asistencialismo es la ruta más clara y segura para el combate a la pobreza, remarcó.
Asimismo, explicó que en su propuesta se establece la creación y en su caso, ampliación de un fondo de garantías que permita a más mujeres y en mejores condiciones acceder a créditos para emprender un negocio, así como la implementación de programas de fortalecimiento a la economía social y al desarrollo del emprendedor destinados específicamente a mujeres.
Del mismo modo, dijo que la política laboral debe de tener un enfoque de género, pues ello implica que los programas que operen las instancias involucradas en la materia no sólo deben de estar dirigidos, al menos en un 50% de la cobertura presupuestal a mujeres, sino que esas instancias deben convertirse en garantes de mejores condiciones laborales para las mujeres y un acceso igualitario a la justicia laboral.
Finalmente, Martha Alicia Escamilla remarcó que el empoderamiento económico de las mujeres oaxaqueñas, no debe verse como un asunto aislado, porque en realidad es parte de una política integral transversal de igualdad de género, por lo que llamó a sus pares a revisar con responsabilidad esta propuesta para promover un marco de equidad en el desarrollo económico de las mujeres en nuestra entidad.
