En México casi el 45% de las mujeres encarceladas lo están por delitos relacionados con las drogas, las redes de tráfico de sustancias ilícitas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. La mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas lo están en el más bajo nivel de la cadena del crimen organizado, ya sea como pequeñas vendedoras, “correos humanos” de drogas o transportadoras, y son fácilmente reemplazadas, por lo que su detención no tiene ningún impacto en la disminución del tráfico de drogas, o en la inseguridad ciudadana.
Preocupadas por esta situación que actualmente se pasa por alto en el sistema de justicia penal y que agrava la profunda vulnerabilidad de las mujeres involucradas en delitos de drogas, la diputada oaxaqueña Mariana Benítez Tiburcio junto con la legisladora Erika Araceli Rodríguez Hernández, presentaron una iniciativa para reformar diversas leyes del sistema penal y penitenciario, para que estas mujeres reciban un trato justo al ser procesadas y recluidas.
“La mayoría de las mujeres encarceladas a menudo son efectivamente culpables de cometer el ilícito del que se las acusa, sin embargo, lo hacen obligadas por la desigualdad estructural de la que son víctimas. Particularmente las mujeres acusadas de delitos de drogas, frecuentemente crecen en entornos propicios para el involucramiento en actividades ilícitas, y no cuentan con los medios o el capital social para generar alternativas”, comentó la también secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.
La legisladora Benítez Tiburcio informó que en numerosos casos, las mujeres procesadas han sido, en algún momento de su vida y de manera reiterada, víctimas de violencia, abuso sexual, explotación sexual comercial, etc., sin que hayan recibido una atención oportuna por parte del Estado, además de que aseguró “En el momento de ser procesadas y a la hora de determinar su culpabilidad e imponer una sentencia, no se toman en cuenta los factores que anteceden a su involucramiento ni su modalidad de participación, por lo que una vez encarceladas, los patrones de violencia se extienden también a la prisión”.
La oaxaqueña dijo que esta iniciativa en la que se proponen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General De Salud, al Código Penal Federal y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, también evita imponer penas trascendentales a estas mujeres, es decir, condenas que no solo las involucran a ellas sino a las personas que tienen a su cargo, por eso la iniciativa toma en cuenta todas las medidas para la debida atención de sus dependientes.
