La diputada Margarita García García propuso al pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobar un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Gabino Cué Monteagudo a que otorgue el indulto a presos indígenas que están encarcelados por situación de pobreza y no poder pagar un abogado o por cuestiones políticas.
El documento, presentado durante la sesión ordinaria efectuada este miércoles 19 de diciembre, fue turnado a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside el legislador Emmanuel Alejandro López Jarquín, también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD.
La legisladora García García, de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC), plantea que el titular del Poder Ejecutivo estatal, conjuntamente con las secretarías de General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP), así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), integren una comisión.
El objetivo es que, previo estudio de cada caso en particular y atendiendo a las condiciones de pobreza de los responsables de algún delito, les sea otorgado el indulto para que las autoridades judiciales y administrativas de la entidad sobresean los procesos en trámite y pongan en libertad a los procesados y sentenciados.
De igual manera, que el Ministerio Público (MP) declare extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas en integración y, en su caso, las autoridades judiciales estatales cancelen las órdenes de aprehensión que estuvieren pendientes de ejecución.
La diputada García García señaló que “en verdad la justicia es ciega, pero quienes la aplican no lo son, y ese es el mayor interés para proponer que el Gobernador del Estado otorgue un indulto a presos políticos y a personas de bajos recursos que por no tener para pagar su fianza siguen presos”.
“Pocos saben lo que se vive y lo que se sufre dentro de una cárcel y, después de la vida, el bien jurídico más importante es la libertad, y para quienes están presos y presas injustamente a falta de dinero, o por consigna política, es la muerte en vida”, subrayó.
En su propuesta, la Legisladora del MC dio a conocer cifras y estudios realizados por el INEGI que indican que las ocupaciones laborales tanto de procesados como de sentenciados del fuero común registrados en el 2011 eran en su mayoría, antes de entrar a prisión, artesanos, obreros, comerciantes, trabajadores agropecuarios y ambulantes.
“Sin duda la pobreza por sí sola no es un factor para la comisión de conductas antisociales; sin embargo, trae consigo situaciones de riesgo como menores oportunidades laborales, escaso capital humano, un posible resentimiento social, sólo por mencionar algunos, pero que de ninguna manera son determinantes”, indicó.
Señaló que está comprobado que generalmente la justicia es selectiva y castiga con mayor severidad a los que menos tienen, mientras que los pudientes o adinerados son absueltos o se les imponen penas mínimas.
“Esto se debe a la orientación política criminológica existente en México, la cual está orientada a criminalizar a los pobres y que las personas encarceladas no pueden pagar las fianzas impuestas por la autoridad para salir de prisión”, apuntó.
La representante popular por el MC dijo que es lamentable, pero en México la prisión preventiva es indebida, injusta y costosa, lo que lleva a consumir recursos que podrían ser determinantes en otras áreas prioritarias de seguridad ciudadana y la justicia penal como la prevención y el combate al crimen organizado.
Lamentó también que en pleno siglo XXI existan presos políticos, pues las cárceles oaxaqueñas no deben ser escarmiento de quienes luchan por otros seres humanos.
“Oaxaca tiene ejemplos muy claros y, por todos es sabido que ex funcionarios que hurtaron millonariamente las arcas del Estado siguen libres y gente humilde o luchadores sociales están presas compurgando penas injustas”, puntualizó.
La diputada García García propone también exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que implemente programas de apoyo y proyectos productivos viables y de asistencia técnica, a fin de que quienes sean beneficiados con un indulto y las víctimas de un delito, sean dotados de instrumentos de labranza, semillas, maquinaria y equipo para impulsar su desarrollo económico y social.
