Durante a discusión de las leyes reglamentarias de la reforma energética, el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, señaló que esta legislación en su conjunto, supone que las empresas petroleras privadas y las llamadas empresas productivas del estado tendrán preferencia sobre el uso del territorio frente a cualquier otra actividad.
En su participación en las comisiones unidas para la elaboración del dictamen de leyes secundarias, el legislador oaxaqueño expuso:
“La Ley de Hidrocarburos establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y la extracción de estos recursos son de interés social y de orden público, lo que se traduce que el Estado podrá obligar a que los dueños de los terrenos renten sus tierras a las empresas petroleras, bajo la llamada figura de servidumbre, o que en su caso se les tengan que expropiar en favor de dichas empresas”.
“La aprobación de esta ley supondría priorizar la actividad petrolera y gasífera por encima de cualquier otro uso en nuestro territorio, lo que evidentemente pone en riesgo los derechos humanos de la población y dejaría en clara desventaja a los propietarios de las tierras en las negociaciones con las empresas petroleras”.
En el caso de la renta, precisó, la ley establece que la contraprestación deberá ser proporcional a las necesidades del asignatario o del contratista dejando en un segundo plano lo intereses de las personas que habitan dichos terrenos.
Además, apuntó, la ley obliga a los gobiernos municipales y estatales a contribuir al desarrollo de la exploración, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y agilizar los trámites para ello.
“El entramado normativo privilegia la creación de riqueza de unos cuantos a expensas de un bien colectivo, de un bien socialmente valioso, indispensable, para la vida de los seres humanos como es el medio ambiente”, apuntó.
Por lo que, sostuvo que el PRD defenderá los territorios indígenas, las zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas para evitar que sean expropiados para actividades de exploración y extracción.
