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Ante la nula autonomía de los organismos gubernamentales sobre los programas de cómputo para el desarrollo de sus actividades sustantivas, el diputado Flavio Sosa Villavicencio presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de “Ley para la autonomía sobre los recursos informáticos del Estado de Oaxaca”.
En sesión ordinaria, el Legislador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) señaló que cotidianamente utilizamos en todos los ámbitos los llamados programas de marca o propiedad que posee el 90.5 por ciento del mercado mundial del software, cuyo uso implica una serie de problemas graves para las administraciones gubernamentales al imposibilitar la utilización de opciones distintas en cuanto a costo y servicio.
Explicó que en el ámbito de la administración pública una parte importante de la inversión en software se realiza en licencias de sistemas operativos, servidores y paquetes de oficina producidos totalmente en el extranjero, impidiendo el desarrollo de éstos en áreas públicas.
Por ello, el diputado Sosa Villavicencio propuso la utilización del “software libre” que se pone a disposición como propiedad común y que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente en varias formas, por lo que se promueve el desarrollo desde lo local, fortaleciendo las capacidades de nuestra propia gente e independizarnos del monopolio con base a las competencias de cada área.
Explicó que el software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de distribución; no tiene costo de licencia debido al derecho de copia y al acceso al código fuente de la aplicación, lo que permite desarrollar internamente las mejoras o modificaciones necesarias; de este modo se contribuye a la formación de profesionales en nuevas tecnologías y al desarrollo local.
Dijo que las mejoras que se realicen no tienen restricciones y se pueden compartir con cualquier otra administración, empresa, institución u organismo que las requiera, mientras que con el software de propiedad no se pueden realizar dichos cambios, quedando en manos de empresas privadas la solución a estos requerimientos, lo cual implica un gasto considerable.
El propósito de la ley, apuntó el Legislador, es salvaguardar la autonomía del Estado sobre la posesión, desarrollo, control y aprovechamiento de los recursos informáticos necesarios para su operación; busca, pues, promover, fortalecer y mejoramiento los bienes comunes relativos a los programas de cómputo mediante el uso de software libre.
Dentro de esta iniciativa se incluye que todas las entidades públicas del Estado deberán emplear “software libre”, salvo cuando no exista dedicado a la función que se requiera y no sea económica o técnicamente viable; por ello, se prohíbe que la administración pública solicite cualquier requisito en software “de marca”, pues esto es una acción que favorece a una empresa monopólica.
En esta propuesta se establece que el software desarrollado o modificado por o para la administración pública estatal se ponga a disposición pública como software libre, para lo cual se prevé la integración de un Consejo Estatal de Informática compuesto por los responsables de los recursos informáticos en cada una de las instancias gubernamentales.
Entre las funciones de dicho organismo se encuentra la de desarrollar el software libre apropiado a las necesidades de cada una de las áreas de gobierno, y definir las características del software libre que desarrollen terceros.
También el Consejo Estatal de Informática tendrá la responsabilidad de establecer una plataforma estatal para la interoperabilidad de los servicios informáticos del Estado, como un sistema único para la operación de todas las entidades de la administración pública bajo el mismo estándar, lo que permitirá el intercambio, cooperación, interconectividad e integración de la información sobre una plataforma común, lo que se reflejará en la eficiencia de la gestión gubernamental.
Esta iniciativa de ley fue turnada a comisiones con el fin de estudiar su viabilidad y establecer los mecanismos legales en los que se deberá considerar en próxima sesión del pleno legislativo, para su aprobación.
