La Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado ha recibido 109 laudos que condenan a los municipios al pago de prestaciones a favor de trabajadores que fueron despedidos injustificadamente y cuyo monto total asciende a 121 millones de pesos, reveló el presidente de la instancia legislativa: Francisco Martínez Neri.
El Legislador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que ante esa situación, 28 ayuntamientos de la entidad se encuentran en desacato ante las autoridades laborales, debido a que no han pagado el importe de las resoluciones que fueron dictadas en favor de trabajadores despedidos del servicio público municipal.
“En algunos casos, los montos de las prestaciones que deben cubrir constituyen sumas millonarias, lo que pone de manifiesto que los ayuntamientos no están en posibilidad de cumplir con las obligaciones de pago, puesto que no cuentan con la capacidad financiera necesaria para ello”, subrayó durante la sesión ordinaria efectuada el pasado lunes 4 de marzo.
En este sentido, el diputado Martínez Neri planteó ante el pleno de la LXI Legislatura que la contratación de trabajadores de confianza deberá hacerla el municipio por tiempo determinado.
“Esto, de modo que la relación de trabajo dure solamente el periodo de ejercicio legal en que se realice la contratación, y lo mismo deberán observar los encargados de la administración pública municipal y los consejos municipales”, indicó.
Así, durante su intervención en tribuna, el Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación propuso una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción XXVI del Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
De ser aprobada su propuesta, se incorporaría en el texto legal que el Edil en turno será el encargado de nombrar, contratar y remover a los demás servidores públicos de la administración pública municipal y expedir los nombramientos y contratos respectivos.
Lo anterior, considerando que el Edil es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal y el encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del ayuntamiento, precisó.
El diputado Martínez Neri propuso también que cualquier persona que contrate a nombre del ayuntamiento, incumpliendo lo planteado, deberá ser sancionado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.
Refirió que las sentencias a que hace alusión versan en su mayoría sobre litigios entablados por trabajadores de confianza; sin embargo, los de base y eventuales también han interpuesto juicios laborales ante las instancias correspondientes.
Comentó que los litigios laborales a los que hace mención surgieron desde administraciones anteriores a las que actualmente están en funciones; sin embargo, son las autoridades municipales las que fungen como tales en la fecha en que se dictan los fallos, quienes deberán responder del cumplimiento de los mismos.
“Es decir, aunque algunos litigios laborales se originaron en administraciones municipales anteriores, las actuales deberán cumplir lo dictado en los laudos y, ello, al final de cuentas, acabará por impactar a las arcas municipales en perjuicio de la ciudadanía”, advirtió.
“De realizarse los pagos a los trabajadores que han interpuesto juicios laborales, se comprometerán los recursos destinados a la prestación de servicios públicos, lo que afectará el desarrollo económico y social de los municipios”, subrayó.
El Legislador perredista añadió que las causas que originaron que los municipios hayan sido condenados en laudos se deben, entre otras cuestiones, a que la contratación principalmente de trabajadores de confianza se ha venido realizando por tiempo indeterminado, y en el contrato correspondiente no se ha estipulado la duración de la relación laboral.
“Esto ha traído como consecuencia jurídica que la relación de trabajo se entienda por tiempo indeterminado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley federal del Trabajo”, apuntó.
Dijo que en la mayoría de los casos que dieron origen a los fallos, los litigios laborales trascienden al periodo de gestión del ayuntamiento que celebró la contratación, puesto que las autoridades laborales resuelven el fondo del juicio, incluso varios años después de la fecha de inicio del mismo.
“Cuando se resuelve el fondo del asunto, la condena que debe pagar el municipio resulta sumamente onerosa, debido al impacto de los salarios caídos”, apuntó.
El Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado, resaltó que la iniciativa que presentó tiene el objetivo de evitar que los ayuntamientos sean sancionados por veredictos que comprometan los recursos públicos municipales, porque son problemas que se van heredando de administración en administración.
“De ahí que los ediles deben asumir con responsabilidad el despido injustificado de un trabajador, la violación de sus derechos o cualquier acción que produzca consecuencias negativas en las finanzas públicas, y que de hacerlo serán sujetos de la obligación administrativa disciplinaria y resarcirla a que haya lugar”, puntualizó.
La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes de Trabajo y Seguridad Social, Administración de Justicia, y de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
