El senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya reconoció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que por años la corrupción en México ha girado entorno al ejercicio del Poder Público, por ello, para combatirla propuso facultar a las contralorías sociales para que verifiquen el ejercicio de los recursos públicos.
Para tal efecto, el legislador federal presentó una iniciativa de ley para adicionar una fracción al artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, con el ánimo de permitirle a la sociedad civil incidir como un elemento de evaluación en la gestión pública, convencido de que la corrupción es una actividad que se puede frenar con mecanismos de participación ciudadana.
“La contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones”, destacó.
Es importante, destacó Benjamín Robles, que esas instancias existentes en las instituciones sean permanentes vigilantes del manejo del dinero público y de la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley en la materia, así como de las reglas de operación que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas.
El también integrante de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente sostuvo que propuesta tiene además la intención de precisar la función de las contralorías sociales.
Y es que para Robles Montoya el Derecho a la Participación Ciudadana es vital, al fundamentar que se trata del derecho de las personas y de las organizaciones a intervenir e integrarse en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones de desarrollo social.
