La Diputación Permanente turnó para su estudio en comisiones, un punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a las autoridades municipales a efectuar medidas que fomenten la cultura de la legalidad.
La propuesta solicita que los 570 ayuntamientos implementen diversas acciones, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Estatal para el Fomento de la Cultura de la Legalidad, y establezcan labores permanentes que induzcan a dicha conducta ética.
Entre otras atribuciones, las autoridades municipales, también se constituyen como órganos de interés público. Por tanto deberán dar cumplimiento a la tarea de instalar sus Consejos Municipales de Fomento a la Cultura de la Legalidad en aquellos municipios en donde todavía no se cuenten con ellos.
Asimismo, se propone establecer políticas públicas que incluyan programas permanentes que fomenten la cultura de la legalidad entre los diversos sectores de la sociedad, particularmente los y las servidoras públicas.
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario del 2019, las 32 administraciones públicas estatales recibieron 53 mil 762 quejas y/o denuncias por la actuación indebida de sus servidores públicos.
Ante este panorama, el punto de acuerdo pretende que el ejercicio del poder público se realice conforme a las leyes vigentes. También, que se combata a la impunidad, implementando sanciones que contribuyan a consolidar una sociedad libre, democrática, justa y garante de derechos humanos.
