El presidente municipal de Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum, debe abstenerse de realizar declaraciones en contra de migrantes, dictaminó un juez de distrito. Asimismo, ordenó a juzgadores municipales no instruir a policías locales presentar a personas en situación de movilidad ante el Instituto Nacional de Migración (INM) si las detienen por infracciones administrativas.
Luego de que en medios se dio a conocer que se remitía al INM a migrantes detenidos por la policía municipal por esas infracciones, la asociación Alma Migrante promovió un juicio de amparo.
En entrevista telefónica, la directora de esa agrupación, Graciela Zamudio, señaló que la normatividad indica que los procedimientos no se realizan de esa manera. Por ello, se presentó la demanda en defensa del derecho a la información, legalidad y no detención arbitraria e ilegal de los migrantes.
El asunto fue revisado por el Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Decimoquinto Circuito con sede en Tijuana, el cual dictó suspensión definitiva en protección preventiva de los mencionados derechos, mediante resoluciones de fechas 14 y 21 diciembre.
En ellas se ordena al alcalde de Tijuana y al secretario de Seguridad Pública Municipal, no hacer declaraciones que vayan en detrimento de los migrantes, además de indicar a su personal que se abstenga de transmitir mensajes negativos sobre esas personas.
También deberán proporcionar a la población en general, a individuos en situación de movilidad y a los servidores públicos del municipio información completa y correcta sobre los derechos de los migrantes, en especial en materia de asistencia social, legal y de refugio.
Asimismo, deberán girar instrucciones para que los jueces municipales dejen de remitir al INM a migrantes, pues ello implica que se extralimitan en sus funciones.
Asistencia legal
El juzgado de distrito instruye también al delegado del INM a que su personal se cerciore de que los migrantes a su disposición tengan acceso a la asistencia legal necesaria mediante las instituciones de defensoría correspondientes.
Alma Migrante hizo énfasis en que las personas en contexto de migración tienen derecho a no ser remitidas al INM cuando han sido detenidas por la policía municipal en Tijuana con motivo de una infracción administrativa. Para ejercer dicha garantía basta mencionar el juicio de amparo número 1597/2018 o decir que se conoce de la existencia de estas resoluciones de suspensión definitiva.
Fuente: jornada.com
