Diana Mendez
La criminalización contra defensoras comunitarias en Oaxaca continúa. Maribel Betanzos, profesora mazateca e integrante de la Sección 22 de la CNTE, enfrenta cinco órdenes de aprehensión por presuntos delitos de robo e incendio, vinculados a un conflicto ocurrido en 2014 en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en la región Cañada del estado.
Betanzos forma parte de un grupo de al menos ocho mujeres mazatecas perseguidas judicialmente, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado reactivó cerca de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas de esa comunidad. Los señalamientos tienen origen en un conflicto político y social que se intensificó hace más de una década, entre la asamblea comunitaria y la familia Zepeda, acusada de ejercer un control caciquil en la zona desde 2010.
Aquel enfrentamiento derivó en la detención de varios defensores del territorio, algunos de los cuales han pasado ya diez años en prisión. Las denuncias fueron impulsadas por los Zepeda y han sido ampliamente señaladas por organismos de derechos humanos como parte de una estrategia de persecución y criminalización de la organización comunitaria indígena.
Gracias a un amparo concedido por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, la profesora Maribel Betanzos logró presentarse de manera voluntaria ante el Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez el pasado 24 de junio, sin que se ejecutaran las órdenes en su contra. De acuerdo con dicho amparo, las autoridades judiciales no podrán detenerla hasta que se resuelva su situación jurídica.
A la presentación acudieron integrantes de la comunidad mazateca, así como la abogada Janet Gallegos, representante legal de la Sección 22, quien expresó el respaldo del magisterio oaxaqueño a la profesora Betanzos. También estuvieron presentes observadores de la Misión Civil que documentó la situación en Eloxochitlán del 20 al 22 de junio.
Será el próximo 8 de julio cuando la docente rinda su declaración formal. A partir de esa fecha, el juez de Huautla tendrá un plazo de 72 horas para determinar si continúa el proceso en libertad o se dicta alguna medida cautelar en su contra.
