Profesionalización para combatir al crimen: Miguel Ángel Sánchez de Armas

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En una entrega anterior me referí a la complejidad que ha adquirido el negocio del narcotráfico, sus varias actividades ilícitas asociadas y el gran volumen de recursos que maneja, lo que le ha convertido en una suerte de holding cuya administración requiere competencias cada vez más profesionales, tanto para operar en lo financiero como para blindar sus actividades de la acción de la justicia.

 

 

Paralelamente, las autoridades se han visto obligadas a recurrir a personal con perfiles académicos más altos para poder hacer frente a este monstruo de mil cabezas que opera en la clandestinidad. Esta profesionalización pasa por la recopilación y análisis de datos que permitan tomar medidas para acotar el margen de maniobra de los cárteles de la droga.

 

En Estados Unidos, agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA) llevan a cabo tareas de acopio y sistematización de información y tienen programas editoriales que orientan la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, una extensa tipología de las drogas y un libro rojo para desmontar laboratorios clandestinos coeditado con la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. La DEA publica dos boletines mensuales denominados Microgram y Microgram LE dirigidos a los científicos forenses en el que se recogen artículos producto de investigaciones científicas y textos técnicos sobre la detección y análisis de sustancias sospechosas controladas con fines de aplicación legal o forense.

 

La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos también tiene un amplio programa de investigación y sistematización de información sobre diversos temas que se relacionan con el crimen organizado, tales como tráfico de personas, contrabando de dinero, tráfico de armas y lavado de dinero. La Oficina de Investigación de Seguridad Nacional cuenta con diez mil empleados distribuidos en 200 ciudades de Estados Unidos y 46 más alrededor del mundo que proveen de información para monitorear acciones que puedan estar relacionadas con el crimen organizado. Es decir, con tareas de inteligencia.

 

También en el vecino país, universidades y centros de investigación han tomado al crimen organizado como objeto de estudio debido a sus repercusiones sociales. El gobierno estadounidense se ha beneficiado de esta veta de la investigación académica y en algunos casos la ha auspiciado o financiado. El objetivo de este soporte es contar con una mirada sustentada tanto en las categorías conceptuales de las ciencias sociales y económicas como en los métodos cuantitativos y cualitativos para analizar este fenómeno económico, social, policíaco y de salud pública que amenaza la paz y la seguridad de las naciones.

 

Entre las instituciones de educación superior que se han ocupado del tema está el Centro Internacional Woodrow Wilson, de la Universidad de San Diego. Esta institución tiene publicado, entre otros, un trabajo de Douglas Farah sobre el lavado de dinero y el contrabando de efectivo que citan los trabajos gubernamentales. Otro trabajo académico sobre este tema (citado por el CESOP), es el de Viridiana Ríos sobre el impacto económico del tráfico de drogas en México publicado por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard.

 

El gobierno de Estados Unidos también utiliza servicios de consultoría especializados como el de la organización RAND que tiene entre sus clientes a oficinas públicas y particulares. La RAND cuenta con un amplísimo equipo de investigadores, incluidos varios premios Nobel, que ofrece a sus contratantes investigaciones especializadas para la toma de decisiones en diferentes campos. En esta organización funciona el Centro de Investigación de Políticas sobre Drogas que tiene al menos 46 publicaciones derivadas de otras tantas investigaciones y varias más en curso. Sólo a manera de ejemplo, entre las investigaciones realizadas están el costo del uso de metanfetaminas en Estados Unidos, un análisis del mercado de la heroína y la cocaína, la estrategia de la administración Obama sobre las drogas y estudios sobre los efectos de costo y consumo de la legalización de la marihuana.

 

Organismos internacionales como la ONU preparan e impulsan trabajos de investigación a través de los acuerdos que suscriben los países miembros. La Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas prepara informes periódicos sobre el tema. Es el caso del Informe Mundial sobre las Drogas, cuya edición más reciente fue la de 2010. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos incluyen acuerdos de investigaciones y las propias presentaciones sobre el tema que deben entregar los países miembros son el resorte que impulsa a contar con registros puntuales y organizados acerca de estos tópicos.

 

En México, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados preparó un informe extenso sobre el tema del narcotráfico, que cité profusamente en una entrega anterior de JdO y el cual refiere a varios de los trabajos publicados en México y Estados Unidos sobre narcotráfico y crimen organizado, pero éste no es una oficina dedicada específicamente a estos ámbitos. La Secretaría de Gobernación preparó también el año anterior un informe sobre el fenómeno delictivo en México. Por otra parte, la página del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a diferencia de sus pares estadounidenses, no se señala la realización de trabajos de investigación cuyos resultados sean publicaciones de consulta.

 

Como se puede ver, en México algunas dependencias se ocupan del estudio del narcotráfico y la delincuencia asociada a él como trabajos especiales, pero no parece haber una tarea académica de investigación consistente que aporte análisis sobre este fenómeno. Quizá el trabajo de investigación de esta naturaleza más relevante lo lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concebida como área operativa para detectar movimientos financieros sospechosos.

 

La ausencia institucional del trabajo de investigación en México ha sido suplida por los trabajos periodísticos que, en muchos casos, han realizado el verdadero trabajo de inteligencia que se requiere para enfrentar al crimen organizado. Entre los resultados de estos trabajos hay varios libros: El cártel incómodo de José Reveles; El Cártel de Sinaloa de Diego Enrique Osorno; La herencia maldita: el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico de Ricardo Ravelo; Miss Narco. Belleza, poder y violencia: Historias reales de mujeres en el narcotráfico mexicano de Javier Valdés Cárdenas; Los señores del narco de Anabel Hernández y Narcotráfico: el gran desafío de Calderón de Alejandro Gutiérrez. Jorge Fernández Menéndez tiene varios títulos dedicados al tema: De los maras a los zetas. Los secretos del narcotráfico de Colombia a Chicago; Las FARC en México; De la política al narcotráfico y El otro poder: las redes del narcotráfico, la política y la violencia en México. El año anterior, la revista Nexos preparó un informe especial sobre la legalización de las drogas. Este recuento no es exhaustivo.

 

Jesús Blancornelas dedicó parte importante de su vida profesional al estudio del narcotráfico cuyos resultados recogió puntualmente durante varios años en el semanario Zeta de Tijuana. En forma de libro están El Cártel y En estado de alerta: periodistas y gobierno frente al narcotráfico.

 

Estos trabajos deberían ser mejor reconocidos por las dependencias gubernamentales como importantes fuentes de información y auspiciar investigaciones específicas, de manera transparente y abierta, para acudir a quienes tienen experiencia en el tema, con lo cual se llenaría el vacío de información y análisis que resulta cada vez más notorio en la lucha contra la delincuencia organizada. Así como se profesionaliza la delincuencia, el trabajo que la combate no debería quedarse atrás.

 

 

 

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.