Jaime GUERRERO
El actual proceso electoral será el más grande de la historia del país, el más paritario, inclusivo y también el más defendido por las Defensorías Públicas Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, al inaugurar la Jornada por la defensa de los derechos político-electorales.
Las instituciones y, en este caso, las electorales “estamos para dar un servicio de justicia a la ciudadanía. Cuentan con toda la apertura del TEPJF”, precisó ante representantes de organizaciones no gubernamentales y activistas a favor de los derechos de los grupos vulnerables en México.
En compañía de la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, y la fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México, Alma Elena Sarayth de León Cardona, la magistrada presidenta del TEPJF destacó que esta autoridad jurisdiccional velará por que nadie, por ningún motivo, se quede sin tener una defensa de sus derechos político-electorales.
Informó que el TEPJF cuenta con una Defensoría Pública Electoral en nueve entidades federativas (Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México e Hidalgo) “y que queremos, por supuesto, sumar e involucrar a todo México, para que podamos ver la importancia, la necesidad y la visión indispensable de tener defensorías públicas electorales”.
En este sentido, la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Marina López Santiago, comentó que el objetivo de esta Jornada por la defensa de los derechos político-electorales es entablar un diálogo interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, en torno al acceso a la justicia en materia electoral.
La Defensoría Pública Electoral se encargaba de la salvaguarda de quienes integran las comunidades indígenas de México, pero por la importancia y trascendencia de sus tareas se amplió el espectro de atención a quienes forman parte de los grupos vulnerables en el país.
En este sentido, la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, reconoció el trabajo de la Defensoría Pública Electoral por permitir el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo —mencionó— porque todavía existe un desconocimiento de los derechos político-electorales y de que hay autoridades que están para protegerlos.
Destacó que la labor de la Defensoría va mucho más allá de la defensa de los derechos individuales, porque protege la integridad del sistema electoral, “proteger y fortalecer y apuntalar la democracia”, señaló.
En su oportunidad, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México, Alma Elena Sarayth de León Cardona, reconoció la evolución de la Defensoría Pública Electoral, al pasar de la defensa de un solo grupo en situación de vulnerabilidad a hacer extensivas esta protección y estas garantías a varios sectores discriminados.
Celebró que las fiscalías, como autoridades de procuración de justicia, se incorporen al cúmulo de instituciones que buscan hacer efectivo el derecho a la igualdad de los grupos que históricamente han estado excluidos.
