Senadores y diputados federales del PRIestán a favor de que desaparezca el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) a pesar de que la Secretaría de Hacienda insistió en que este impuesto se debe mantener.
En las redes sociales con la etiqueta#adiosalIETU, ciudadanos y legisladores entre ellos Manlio Fabio Beltrones -senador del PRI- han promovido que se elimine este Impuesto y que se apruebe una reforma fiscal.
En su cuenta de Twitter @MFBeltrones incluso mencionó que se debería aprobar un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre en el Congreso de la Unión para aprobar estas reformas así como la política.
“Los reclamos de la Sociedad civil nos indican que es urgente un período extraordinario de sesiones para aprobar la Reforma Política”, escribió en su cuenta de Twitter.
El diputado federal del PRI, David Penchyna dijo que “lamentablemente” la Secretaría de Hacienda sólo entregó un análisis del IETU en el sentido fiscal y no en el beneficio económico que era lo que se pedía en un artículo transitorio.
“En una primera aproximación, después de ver este estudio, decimos que la valoración es estrictamente fiscal, y que lamentablemente, pese a que tuvieron tres años para hacer este estudio, no hay una valoración económica donde se tome en cuenta las demandas y opiniones del sector productivo nacional, a lo que nosotros sí lo consideraremos, tomaremos este estudio como una referencia, pero falta hacer una valoración económica en donde en una primera aproximación creemos que el impuesto del IETU respecto a lo que está generando de ingresos, respecto a su conveniencia y pertinencia económica en la generación de empleos, nos parece negativa y lo analizaremos desde esa óptica”, dijo.
El IETU es un impuesto que deben pagar personas físicas y morales cuando realicen alguna enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios.
Aunque empresarios se inconformaron con dicho cobro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decretó constitucional el 9 de febrero de 2010. “No vulnera los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria”, determinó la Corte.
El Universal
