Si bien la prioridad de los mexicanos en estos tiempos de contingencia mundial debe ser la unidad nacional para una atención sanitaria eficaz, que en primer lugar salve vidas, y una reactivación económica y social, que ponga por delante las necesidades de los más vulnerables, la vida institucional del país debe seguir su curso, debe fortalecerse, justamente para crear un Estado nacional fuerte y democrático que sume todas las voces, sin que se diluyan las indispensables identidades.
En este marco, el Consejo Político Nacional del PRI, en su 51 sesión extraordinaria, y ya prácticamente todos los consejos políticos estatales, consensuaron y definieron reformas estatutarias de fondo, a propuesta de la Comisión Temática de Fortalecimiento de la Ideología Partidista.
Los cambios a la vida orgánica del PRI se verificaron de cara no sólo a los propios requerimientos internos de la fuerza política histórica de México, la de mayor y más robusta biografía, sino pensando en lo que necesita el país en un especial momento de definiciones y a un año de las elecciones intermedias que renovarán el Congreso federal, a 30 congresos estatales, 15 gubernaturas y la mayoría de las presidencias municipales.
México necesita como nunca de todas sus expresiones políticas institucionales, canales para procesar y sumar las voces de todas y todos los mexicanos, en las mejores condiciones de apertura, integralidad, equidad y civilidad. Justamente, la principal reforma a los estatutos del PRI consiste en un no rotundo a la violencia política en contra de las mujeres, el primer partido que lo hace de manera explícita y contundente, al establecer que: ninguna persona que haya cometido violencia de género podrá abanderar al tricolor en un cargo de elección popular
. Además, todas las estructuras del partido serán integradas atendiendo al principio de equidad de género.
No puede ser que en pleno siglo XXI siga habiendo expresiones de discriminación o maltrato, de cualquier tipo incluida la participación política de las mujeres, cuando la declaración universal de los derechos humanos, promovida por la ONU y suscrita por México, lo prohibió en su artículo 2 desde diciembre de 1948.
Otra reforma de primer orden a los estatutos es darle su lugar al militante, al de base, al que siempre ha estado ahí, en las tareas de la colonia, el barrio, la agencia, el municipio, frente a los arreglos cupulares del pasado, cuando la cercanía con algunas personas o intereses hacían que no pocas veces las candidaturas se otorgaran a perfiles privilegiados de ocasión, de coyuntura.
Parte sustancial de la derrota del PRI en 2018 fue el alejamiento del mandato de sus bases. En extremos grotescos, la credencial para acceder en varios casos a candidaturas de los niveles cupulares, ejecutivos y legislativos, era la no militancia partidista, la falta de identidad y compromiso. Como es natural, abandonar el cargo por una agenda personal o transitar a otra fuerza política no representaba ninguna complicación ideológica.
Por eso es preciso, hoy más que nunca pensar en que el PRI sólo puede emerger y rencontrarse con la sociedad mexicana en un proceso de abajo hacia arriba, que nuestros comités sectoriales y seccionales, que viven los problemas de sus vecinos, que defienden las causas de sus colonias y ven por las necesidades y el progreso de su municipio y su estado, sean reivindicados.
Otra reforma fundamental es otorgarles a los jóvenes las candidaturas que por derecho les corresponden, no sólo en las competencias de distrito, sino en las de representación proporcional, antes algo simbólico. De esta manera, por estatutos, no por discrecionalidad de nadie, se garantiza que en la integración de las listas plurinominales se contemple por lo menos 30 por ciento de jóvenes en candidaturas propietarias y suplentes.
Otra razón del resultado desfavorable para el PRI, al igual que para otros partidos de la arquitectura clásica tripartita que gobernó a México en los últimos 50 años, fue no tener entre sus prioridades las necesidades y las expectativas de participación de los jóvenes, de los millennials, que miraron hacia otra opción emergente.
No menos importante es que, con la reforma, se garantiza que en los municipios con población indígena el partido postule candidatas y candidatos representativos de los pueblos originarios, con quienes el país tiene una deuda histórica de justicia, comenzando por la de ser escuchados en todos los foros de decisión política y legislativa.
Por primera vez también se atiende la necesidad apremiante de acompañar a nuestros trabajadores migrantes en sus carencias y anhelos, entre ellos asesoría permanente y apoyo para hacer valer sus derechos políticos como mexicanos.
En suma, el PRI que no niega la autocrítica y sus asignaturas pendientes, se rencuentra con su militancia y se prepara, de la mano de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y nuestros hermanos migrantes, no sólo para reposicionarse en las urnas en 2021, sino para servir mejor al pueblo de México, en sus necesidades políticas, económicas y sociales.
*Presidente de la Fundación Colosio
