Después de aprobadas las reformas que por años demandó la nación, el Congreso de la Unión debe ahora aprobar un paquete económico que incentive el crecimiento económico, preservando la salud y el equilibrio financiero, dar al campo los instrumentos legales para su rescate y fortalecimiento, afirmar la autonomía y eficacia de los órganos de justicia y dotar de estímulos a la investigación y la ciencia, entre otras importantes asignaturas pendientes.
Ese es el espíritu y parte del contenido de la agenda legislativa de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, presentada la semana pasada, para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer ejercicio de la LXII Legislatura Federal.
Por fin, la población mexicana tiene una legislación laboral, compatible con los criterios y parámetros internacionales, para dar más flexibilidad a la contratación de trabajadores e incentivar la creación de empleos, sin lesionar derechos adquiridos como la seguridad social y prestaciones constitucionales.
Ahora contamos con una legislación para impulsar la productividad y la competitividad con una legislación que termina con los monopolios en los sectores estratégicos de la economía, en donde la falta de competencia generaba servicios deficientes con precios y tarifas altas, las mayores del mercado mundial.
La ciudadanía mexicana tiene una legislación constitucional y secundaria para elevar la calidad educativa de los niveles básico y medio superior, para que nuestro país deje de ser el último entre los evaluados por la OCDE y otros organismos internacionales. Una legislación federal que no puede ser contravenida, pero si puntualizada y enriquecida en las legislaciones estatales.
El país posee una legislación en materia de telecomunicaciones que a partir del primero de enero prohibirá el cobro adicional por llamadas de larga distancia, el costo por consulta del saldo, las penalizaciones por cancelación del contrato y sobre todo el oneroso y abusivo redondeo, para que ahora el cobro sea por segundos y no por minutos en una llamada telefónica.
Con esa reforma la población mexicana tendrá también acceso gratuito a Internet en 250 mil sitios públicos, además de una mayor oferta de servicios de televisión pues se licitarán dos nuevas cadenas privadas de televisión abierta y una cadena pública.
El país cuenta con una legislación constitucional y en sus normas reglamentarias para dar competitividad a PEMEX y la CFE, garantizar el suministro de energéticos a la industria y las familias y, sobre todo, para que a mediano plazo el gas, la gasolina y la electricidad bajen de precio. Por lo pronto, a partir del primero de enero del próximo año los llamados gasolinazos desaparecerán, no habrá más incrementos mensuales.
En materia política y electoral, Diputados y Senadores construimos nuevas bases para la confianza, la legalidad y la certeza electoral en el ejercicio del derecho ciudadano, así como instrumentos que mejoran la funcionalidad de la democracia en todo el territorio nacional con un órgano rector, el INE, que garantiza la equidad y la confiabilidad de procesos federales y estatales, ya sin la interferencia de ninguna instancia gubernamental.
Pero toca ahora aprobar una ley de ingresos y un presupuesto de egresos 2015 que doten de recursos suficientes a los rubros fundamentales como la educación, la cultura, la salud, la vivienda, la infraestructura carretera, los servicios públicos y el equipamiento urbano, así como un campo desfallecido. Un presupuesto que contemple, además, recursos suficientes para los estados y los municipios, sobre todo de las regiones más rezagadas como Oaxaca.
Una ley de ingresos que, en la agenda legislativa del PRI y del PVEM, no contempla nuevos impuestos, sino estímulos a la planta productiva para crear más empleos y para incentivar el crecimiento económico, un crecimiento que en la segunda mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto deberá ser de alrededor del cinco por ciento. La agenda contempla también el fortalecimiento productivo de los salarios, para que el ingreso de los trabajadores se recupere con responsabilidad y mayor competitividad, de manera duradera y sostenida.
En el rubro de la justicia, hay una ambiciosa agenda de reformas que incluye promover una Ley de la Fiscalía General de la República, para afirmar la autonomía del Ministerio Público, las garantías en la prevención de delitos electorales y el desarrollo de una fiscalía anticorrupción con capacidades plenas para combatir, reducir y erradicar este flagelo nacional.·Asimismo, una Ley de Medios Alternativos de Justicia, la prohibición de prácticas de cobranza extrajudicial, que eviten molestias abusivas de acreedores fuera del marco legal, como las ya usuales llamadas intimidatorias que recibe la gente en sus hogares; el fortalecimiento de los Derechos Humanos; reforma del Sistema de Justicia para Adolescentes y·la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas.
De manera especial, contempla leyes y reformas para el fortalecimiento y modernización integral del campo, con iniciativas y recursos suficientes para la modernización del agro, el financiamiento con tasas preferenciales a las y los productores, y el apoyo técnico suficiente a los productores y trabajadores campesinos. En el mismo rubro, Ley de Aguas Nacionales, para asegurar el uso y preservación del vital líquido en las actividades productivas y agropecuarias, con garantías al consumo humano.
La agenda incluye para el próximo año, reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer la edad mínima laboral en 15 años, conforme al mandato constitucional recientemente establecido; reforma que permita al INFONAVIT recuperar la vivienda abandonada y otorgarla a familias de trabajadores de menores ingresos que la están requiriendo.
Figuran, de manera destacada, reformas a Ley de Ciencia y Tecnología y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que incentiven la producción de patentes realizadas en el sector público, en beneficio de los servidores públicos que las generen, que fomenten la innovación en el sistema nacional de investigadores y la competitividad de nuestros centros de estudio para beneficio de los científicos y el máximo beneficio público de la inversión presupuestal en ciencia y tecnología.
Desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal, mi voz y mi voto seguirán siendo por leyes y reformas que incentiven el crecimiento económico, eficienticen la administración de justicia, lleven justicia al campo, apoyen la ciencia y de más recursos a los estados y municipios que más lo necesiten, como los 570 de Oaxaca.
