La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio en curso contempló, entre algunas Bancadas, bajas en el ISR y el IVA. Sin embargo prevaleció la propuesta tecnocrática. El año pasado se pensó en la disminución del ISR del 30 a 28 %. La previsión para obtener 45 mil millones de pesos para el ejercicio 2010 por el aumento del 28 al 30%, resultó una gran carga para la clase media e incluso para sectores productivos del campo y la ciudad que hacen un gran esfuerzo por subsistir en esta acrecentada crisis. Pero la exigencia de los mexicanos para disminuir el ISR u otorgar un tratamiento diferenciado a los ingresos de trabajadores, productores rurales, comerciantes pequeños y medianos, respecto de los ingresos o grandes ganancias empresariales -a todas luces beneficiadas por un tratamiento fiscal que favorece la concentración de la riqueza en unas cuantas manos-, se desvanece frente al proceso electoral que se avecina.
El proyecto de PEF 2012 tampoco retoma la demanda popular generalizada de disminuir el IVA. El reciente aumento del 15 al 16% afectó la capacidad adquisitiva de los mexicanos, disminuida día a día con el incremento de los combustibles y los productos de consumo básico. En su momento rechazamos la idea de captar 30 mil millones de pesos adicionales en 2010 y 2011 con el alza al IVA, orientado a solventa un mayor gasto corriente en el Gobierno Federal y/o la ampliación del programa Oportunidades, que de ninguna manera combaten la pobreza. La recaudación adicional ha tenido como propósito apuntalar las campañas negras y la intromisión gubernamental en los procesos electorales manipulando programas de gobierno.
Así, el desarrollo nacional será lento o nulo en tanto no se eliminen los créditos fiscales y no se cobren las deudas de las grandes empresas. Ya basta de paraísos fiscales a corporaciones cuyos dueños acrecientan sus desmedidas ganancias en tanto regatean el pago de sus impuestos. Definitivamente, los legisladores deben evitar que los impuestos se difieran a utilidades o a la creación de pasivos para posponer el pago de impuestos. Los ricos de México tienen créditos fiscales cuya recuperación por el erario sería suficiente para compensar bajas en el ISR y la disminución del IVA. De acuerdo con diferentes fuentes, el tamaño de la cartera de créditos fiscales en el tercer trimestre de 2007 era superior a 758 mil millones de pesos (El Universal 30/03/2010). Otra cifra, por demás inquietante, es de 453 mil millones de pesos, de cuyo monto corresponden a 60 consorcios que cotizan e la BMV 232 mil millones (La Jornada 3/11/2009).
Hoy más que nunca es necesario eliminar el régimen de consolidación fiscal e instrumentar el pago inmediato de los créditos diferidos para evitar que grandes propietarios dejen de pagar impuestos. Dicha política impidió recaudar 750 mil millones de pesos en 2008. 400 grandes grupos empresariales no pagaban impuestos o su carga tributaria fue ridícula. Bajo este esquema pernicioso, estos grupos, que tienen una capacidad contributiva enorme, sencillamente no asumen su responsabilidad en el desarrollo nacional pese a sus grandes ganancias. Es muy simple, bajo el tratamiento de la consolidación fiscal, la perdida en una empresa y las ganancias de otra en un corporativo se compensan y no hay pago de impuestos o el tributo es mínimo. Si se elimina la consolidación, las empresas que pierden –y eso tienen que comprobarlo-, no pagan el ISR, pero las que ganan –y de ello tiene que estar vigilante Hacienda-, tienen que pagar sus impuestos.
Tal parece que el PEF 2012 pasara sin ruido. El PAN y su Gobierno anuncian que no habrá más impuestos; sus opositores no quieren peleas imposibles para bajar los existentes por el riesgo electoral de ofrecer y no cumplir. La colectividad nacional no importa. Así que ni pensar en la suspensión del incremento a los precios de las gasolinas y el diésel, este último de fundamental importancia para efectos productivos; ni en la redefinición de la política energética nacional para proteger los recursos no renovables y aprovecharlos en el desarrollo del país. Sobra decir la importancia, el potencial y las amplias posibilidades de impulsar las fuentes alternas de energía.
Pero esperamos que los Diputados den, mínimamente, una pelea digna para la revisión de las reglas de operación que atoran el ejercicio de recursos. Esto es prioritario, habida cuenta la imposibilidad de la población objetivo de los programas para recibir –en tiempo y en forma-, los beneficios de proyectos e infraestructura productiva. También es pertinente la reconsideración de la orientación asistencialista y subsidiaria del Programa Oportunidades, cuyos recursos deben destinarse a la generación de empleos en el medio rural e indígena, favoreciendo de manera principal a quienes hoy son receptores de fondos sin alineación productiva. Es importante y urgente –estratégico y de seguridad nacional-, que la pobreza no siga creciendo y que, por el contrario, asumamos con seriedad la obligación de abatir la marginación y todo tipo de rezagos. Pero el PEF 2012 no se ve con esa proyección.
No compartimos el proyecto gubernamental de ajustar a la baja los programas en ejecución o los proyectos de infraestructura, pretextando la necesidad de ampliar los recursos para seguridad publica o el combate a la delincuencia organizada. En todo caso, hay, sí, posibilidades de disminuir el exorbitado gasto corriente del Poder Ejecutivo Federal, acrecentado con la multiplicación de la nomina entre allegados y su estrategia electoral de estado.
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