Los derechos de las víctimas no son excluyentes de los derechos de los acusados. Ninguna. La Ley protege ambos derechos y el juez decide si un acusado es inocente o culpable.
En un Estado de Derecho, ninguna ley permite que se “fabriquen” acusados. Aunque la sociedad crea que alguien cometió un delito, la Policía y el Ministerio Público (MP) no pueden violar los derechos de esa persona, pues ello colocaría a las instituciones represivas por encima de la Ley y legitimaría dos vicios muy arraigados en México: que los policías cobren a los delincuentes por no perseguirlos y que los funcionarios del MP les cobren por armar deficientemente las averiguaciones previas para que no sean condenados.
Sobre el caso Cassez, supongo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía que dar entrada y procesar el asunto y que el ministro Arturo Zaldívar analizó el caso y elaboró su propuesta con libertad y responsabilidad.
Digo esto porque el presidente Calderón propuso el nombramiento de Zaldívar y suele lograr sus propósitos políticos “haiga sido como haiga sido”, y se especula que la eventual liberación de Cassez serviría a Sarkozy para su campaña por la reelección y, en pago de ese favor, acudiría a la reunión del G20 en Los Cabos, que es una pieza esencial de la campaña de Calderón para continuar en el poder a través de Josefina Vázquez Mota.
Pero como lo que se resuelva en el caso Cassez tendrá gran trascendencia para el sistema mexicano de justicia debe ser analizado seriamente, y esto sólo es posible a partir del supuesto de que la SCJN y Zaldívar han actuado con autonomía.
La propuesta dice, en esencia, que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), encabezada a la sazón por Genaro García Luna, violó derechos fundamentales de esa mujer, que las pruebas “carecen de fiabilidad” porque fueron alteradas y que las víctimas cambiaron sus declaraciones iniciales a raíz de que Televisa divulgó un montaje falaz de la AFI. Por ello concluye que Cassez debe ser puesta en libertad de manera “inmediata y absoluta”.
El ministro Zaldívar no exoneró a Cassez; simplemente dijo que le fueron violados sus derechos. ¿Cuáles derechos?
1. El derecho a ser puesta de inmediato a disposición del MP. La AFI la retuvo durante 20 horas para llevarla al rancho Las Chinitas; allí, Luis Cárdenas Palomino la golpeó para que actuara en el montaje de su arresto. El espectáculo hizo que la opinión pública condenara a Cassez y aplaudiera la audacia y heroísmo de los policías.
2. El derecho a la asistencia legal del consulado de Francia. El MP no dio aviso inmediato, por lo que Cassez no pudo definir su defensa con apoyo profesional.
3. El derecho a la defensa adecuada. Cassez no pudo ser asesorada desde el principio por el consulado francés, a lo que tenía derecho, como derechos tenemos los mexicanos a que el Estado nos asigne un defensor de oficio si no tenemos para pagar a un abogado particular.
4. El derecho a la presunción de inocencia. Nadie es culpable mientras un juez no lo haya decidido. Ni usted ni yo ni Cassez tenemos que demostrar nuestra inocencia; el MP debe acreditar ante el juez la culpa de los delincuentes con pruebas reales. Y si la Policía altera las pruebas, el juicio no tiene validez. Esto nos protege a todos, no sólo a esa señora.
El proyecto del ministro Zaldívar protege los derechos de Cassez y de cualquier persona a quien se impute indebidamente un ilícito.
Digo indebidamente por la adulteración de las pruebas. Y digo cualquier persona, pensando en el documental Presunto culpable: un policía “fabricó” al culpable de un homicidio porque no presentó al verdadero autor, y el acusado –inocente como usted o como yo– estuvo a punto de pasar muchos años en la cárcel.
Si Florence Cassez es culpable y sale en libertad, los responsables de serán los jefes y efectivos de la AFI que adulteraron las pruebas, el MP que no dio aviso oportuno al consulado y el juez y los magistrados que validaron un juicio basado en pruebas adulteradas. Las víctimas y la sociedad se sentirán agraviadas porque están seguras que Cassez fue miembro o cómplice de la banda de los Zodiaco, encabezada por Israel Vallarta, alias “El Cáncer”.
En esta hipótesis, la justicia mexicana quedará maltrecha. Por eso el caso debería servir para que el Congreso de la Unión legislara para que sean castigados los funcionarios públicos de cualquier poder y nivel que alteren las pruebas de un proceso penal. Y lo menos que debería hacer el presidente Calderón es destituir a García Luna y a todos los implicados en este asunto que tan costoso será para el Estado de Derecho y para el país. No lo hará, claro, y ese será otro agravio para la sociedad.
Si la Primera Sala o el Pleno votan contra el proyecto, la defensa de Cassez acudirá a alguna instancia interamericana o internacional de justicia y ésta dará un grave revés a la SCJN, lo que también será muy lamentable.
Cualquiera sea el resultado, todos perdemos. Muchos creen que Cassez es culpable, pero sería muy grave que la SCJM convalidara la violación a los derechos fundamentales de las personas porque se perdería una esperanza más de que llegue el día en que la policía, el MP y los jueces respeten las leyes.
