* Para resolver el colapso financiero de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca urge recuperar los 10 mil millones de pesos robados por Jorge “El Coco” Castillo y sus cómplices.
* Por su omisión y negligencia, históricamente son corresponsables los titulares de la hoy llamada Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y de la Fiscalía Anticorrupción.
La inminente liberación del ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, y las protestas del personal de los Servicios de Salud de Oaxaca, ponen en el ojo del huracán a esa dependencia.
Según ha trascendido todo parece indicar que la liberación del médico será resultado de acuerdos inconfesables con el grupo político del ex gobernador Gabino Cué más que de un acto de justicia.
Ninguna “operación cicatriz” en la recta final de la actual administración justifica que el único servidor público sancionado, por tarugo, más que por corrupto, sea Germán Tenorio Vasconcelos.
Hasta donde se sabe, estúpidamente el ex secretario de Salud se dejó usar por Jorge “El Coco” Castillo y Juan José Álvarez Candiani, quien pagó a Germán su parte del botín con su avión Cessna.
Con el apoyo de su compadre el gobernador Gabino Cué Monteagudo y “El Coco” Castillo, Juanjo, monopolizó el abasto de medicamentos, insumos y equipo médico a la Secretaría de Salud.
En una maniobra perversa impusieron como director del Seguro Popular, que manejaba un presupuesto multimillonario para salud, a Salvador Monroy Rodríguez. Y todo quedó en familia.
La escandalosa corrupción en el sector salud oaxaqueño obligó a ejecutar a Rafael Pérez Gavilán Escalante, ex Subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
A seis años de la ejecución de Rafael, torturado y asesinado en su hogar el 5 de marzo de 2015, extrañamente no hay avances en las investigaciones en la Fiscalía General del actual gobierno.
La Fiscalía no ha investigado la veracidad de las insistentes versiones que, personalmente Rafael Pérez Gavilán entregaba en propia mano a Jorge Enrique Castillo Díaz maletas repletas de dinero.
Que Tenorio resulte absuelto en 12 de 13 procesos penales, no es asunto menor, primicia que dio a conocer nuestra querida amiga María de los Ángeles Nivón en su leída columna Primera Línea.
El proceso penal pendiente por peculado por 100 millones de pesos no es ya ningún problema para Germán Tenorio, porque en el gobierno de URO fue reclasificado como delito no grave.
Al margen que seguramente las averiguaciones previas están pésimamente integradas por ineptitud y corrupción, se confirma que Tenorio Vasconcelos es un simple “chivo expiatorio”.
Como a muchos corruptos que enloquecen con el poder político y dinero al ex secretario de Salud le perdió la soberbia al presumir en redes sociales sus extravagantes lujos y conquistas amorosas.
La escandalosa corrupción largamente larvada en los Servicios de Salud de Oaxaca, durante el último medio siglo, ha traído consigo que reviente la atención médica a la población abierta.
El colapso financiero, agravado por las mafias familiares en los sindicatos, finalmente ha provocado el quiebre en hospitales, clínicas y casas de salud en el estado en plena pandemia.
Por su omisión y negligencia, históricamente son corresponsables los titulares de la hoy llamada Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y de la Fiscalía Anticorrupción.
Entendible, jamás justificable que al depender del Ejecutivo el responsable de Secretaría de la Contraloría no haga olas, no así el Fiscal Anticorrupción, que ingenuamente creemos autónomo.
Al mismo tiempo, también son corresponsables los titulares del Órgano Superior de Fiscalización, así como de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública.
Esta evidente complicidad resulta criminal en el caso de la Legislatura local del Congreso del Estado, cuyos integrantes se han corrompido al extremo de prostituirse en “pagos por evento”.
Para resolver el colapso financiero de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca urge recuperar los 10 mil millones de pesos robados por Jorge “El Coco” Castillo y sus cómplices.
Es indispensable que el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestre su amor a Oaxaca y a los oaxaqueños, apoyando al gobernador Alejandro Murat para encarcelar al “Coco” y su mafia.
En agosto de 2019, al diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Miahuatlán, el mandatario subrayó que en su gobierno “ya no vamos a solapar a corruptos, no vamos a ser alcahuetes”.
Basta que como es su costumbre el presidente López Obrador ordene a la Unidad de Inteligencia Financiera investigue y congele las abultadas cuentas de “El Coco” Castillo Díaz y pandilla.
Si Andrés Manuel no apoya a Alejandro Murat para recuperar el dinero saqueado en la Secretaría de Salud por “El Coco” y su mafia será una paletada más al fracaso del combate a la corrupción.
Es conocido públicamente que integran la mafia del “Coco”, Alberto Vargas Varela, Juan José Álvarez Candiani y Salvador Monroy Rodríguez, primo y cuñado “incómodos”, entre muchos más.
Es por demás condenable que al parecer todos estos presuntos rateros al igual que otros más seguirán gozando de total impunidad por acuerdos bajo la mesa, resultado de oscuros intereses.
Así lo evidencia el hecho que José Angel Díaz Navarro y Jorge Iruegas Álvarez, secretario de la Contraloría y Fiscal Anticorrupción, no han pasado hasta ahora de las palabras a los hechos.
No hay que olvidar que la impunidad a los corruptos deriva del hecho que Gabino Cué permitió a Salomón Jara robar 1200 millones de pesos en SEDAFPA para “contribuir a la causa” de AMLO.
Tampoco hay que pasar por alto que el último saqueador del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Seguro Popular, Rogelio Hernández Cázares, es Director General de Pemex Fertilizantes.
También siguen totalmente impunes Jenoé Ruiz López y Mario Félix Pacheco, ex dirigentes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA). Jenoé organiza su retorno.
Con apoyo de Benjamín Robles, del Frente Popular Revolucionario (FPR) y de la Organización Sol Rojo, Ulises Cortés, se apoderó de la base trabajadora del ex Seguro Popular, a través del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud (SITYPS).
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