El gobierno federal dará a conocer hoy un decálogo con las bases de actuación en materia de seguridad y procuración de justicia para los próximos años, lo que incluye los protocolos que deberán seguir los cuerpos policiacos del país.
MILENIO tiene copia del documento titulado Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia, en el que se detalla el apoyo que se otorgará a los estados para capacitar a sus cuerpos policiacos y retirar de manera paulatina a las fuerzas armadas de las labores civiles.
El anuncio se realizará en la residencia oficial de Los Pinos, en el contexto del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí se hará énfasis en los protocolos de actuación que deben regir en materia de seguridad y de justicia, y en la necesidad de proteger los derechos humanos.
En el documento de 10 puntos –que se presentará al gabinete de seguridad y a los gobernadores del país– se menciona que se instruyó la inmediata elaboración de protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad de todo el país, de modo que se asegure el respeto irrestricto de los derechos humanos.
“Los ciudadanos requieren garantías de seguridad que salvaguarden su vida, libertad y bienes. Por ello, las diversas corporaciones de policía estatales y federales deben contar con capacidades, personal y condiciones que aseguren su profesionalismo y eficacia.”
El propósito es que cada entidad logre, con el apoyo del gobierno federal, consolidar corporaciones que paulatinamente retomen en su totalidad las funciones de seguridad pública que en estos momentos llevan a cabo, en algunos municipios, el Ejército y la Marina en apoyo a las autoridades civiles.
Hace unos meses el presidente Enrique Peña Nieto anunció la operación de cinco centros regionales de preparación, actualización y especialización de cuerpos policiacos, así como un centro especializado en la formación de mandos de Seguridad.
En materia de justicia penal se subraya la necesidad de expedir un Código Único de Procedimientos Penales que permita la aplicación homogénea de criterios judiciales para generar certeza y seguridad jurídica.
Este código “permitirá que los tres niveles de gobierno puedan trabajar de forma coordinada sobre esquemas comunes de capacitación, protocolos de actuación y manuales de gestión, entre otros aspectos, que coadyuven a cerrarle el paso de manera significativa a la impunidad”.
El documento está dividido por temas: prevención del delito y reconstrucción del tejido social; justicia penal eficaz; profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía; transformación del sistema penitenciario, y promoción y articulación de la participación ciudadana.
Asimismo, cooperación Internacional; información que sirva al ciudadano; coordinación entre autoridades; y regionalización y fortalecimiento de la inteligencia.
Respecto a los países de la región con problemas de delincuencia, se destaca que México intensificó su relación para tener estrategias de cooperación mutua y atender fenómenos como el tráfico de armas, drogas y personas, así como las redes criminales internacionales que operan en territorio mexicano.
En el documento se precisa que la sociedad civil participará de manera permanente en la evaluación y posterior retroalimentación de los esfuerzos que realiza el gobierno para recomponer el tejido social.
CRECEN DELITOS
La PGR y la Secretaría de Gobernación admitieron que la lucha contra los cárteles ha derivado en un repunte de asaltos a casa habitación y secuestro.
El procurador Jesús Murillo dijo que es natural esa tendencia, porque la falta de financiamiento genera que la delincuencia organizada recurra a otros delitos.
“Si ustedes logran quitarles su financiamiento, que son los delitos de alto impacto, la desocupación genera que se metan a otros delitos, dañinos unos y otros. Tenemos que combatirlo todo y para este gobierno esa es la idea, pero es indudable que eso nos está afectando en el crecimiento de otro tipo de delitos”, refirió el procurador.
Por separado, la abogada Reynalda Velázquez aseguró que la PGR evaluará nuevamente a uno mil 500 servidores públicos que fueron destituidos en la pasada administración o están en proceso de serlo.
La litigante defiende a peritos, agentes del Ministerio Público federal y ex agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) que no aprobaron la prueba del polígrafo.
Cae jefe de templarios en tres estados
El gobierno federal anunció la captura de Gregorio Abeja Linares, El Güero, presunto jefe de células de Los caballeros templarios en los estados de México, Michoacán y Guerrero.
Eduardo Sánchez, vocero del gabinete de Seguridad, dijo que el sujeto fue aprehendido en un fraccionamiento de lujo de Morelia este fin de semana, durante el cual no hubo necesidad de realizar disparos.
En conferencia de prensa en la casa de gobierno de Michoacán, dio a conocer que El Güero se dedicaba al secuestro y se le responsabiliza de gran parte de la violencia generada en la entidad.
Las poblaciones en las que mantenía influencia el presunto delincuente y realizaba actividades ilegales son San Lucas, Cutzamala, Coyuca de Catalán, Zirándaro, Altamirano, San Lucas y Tiquicheo.
El funcionario, quien estuvo acompañado por mandos navales y militares, señaló que el presunto criminal llevaba dos armas prohibidas, equipos de radiocomunicación, dinero en efectivo, cartuchos útiles y un vehículo de reciente modelo.
Desde el 2011 era buscado por los delitos contra la salud, secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Además, está relacionado con 14 averiguaciones previas y cuatro causas penales en Guerrero y Jalisco.
Milenio
