Diana Méndez
Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron en Oaxaca la Guía de Seguridad Comunitaria para Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento creado para fortalecer estrategias de protección frente al aumento de agresiones relacionadas con la defensa del territorio en México.
La guía fue elaborada por ProDESC AC y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, con asesoría de Consorcio Oaxaca, y busca aportar herramientas colectivas para salvaguardar la integridad física, emocional y comunitaria de mujeres defensoras en contextos de riesgo.
Durante el evento se destacó que el país enfrenta un panorama crítico: tan solo en 2024 se registraron 21 homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras del medio ambiente, en hechos donde estuvieron implicados agentes del Estado. En este contexto, Oaxaca se mantiene como uno de los territorios con mayor nivel de agresiones, acumulando 42 ataques que incluyen intimidación, estigmatización, hostigamiento y dos ejecuciones extrajudiciales.
Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio Oaxaca, señaló que el estado atraviesa desde hace dos décadas una disputa constante por sus recursos naturales y territorios. Explicó que el 76% del territorio oaxaqueño corresponde a propiedad social, lo que lo convierte en un espacio altamente vulnerable ante megaproyectos como parques eólicos, presas, obras carreteras, desarrollos inmobiliarios y proyectos de urbanización.
Entre las problemáticas expuestas se mencionó el impacto de la minería en los mantos acuíferos, la criminalización de defensoras y defensores, la militarización de comunidades, la presencia de cárteles madereros en la Sierra Sur y el avance del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec sin estudios ambientales adecuados.
Asimismo, se advirtió sobre la presión inmobiliaria en la Costa oaxaqueña, la privatización de playas, la gentrificación y la falta de infraestructura básica en zonas turísticas como Puerto Escondido, que pese al aumento de visitantes carece de sistemas de drenaje y agua potable suficientes.
Sofía Parra de Moya, integrante de ProDESC, afirmó que en muchos casos las empresas transnacionales logran consolidar su presencia mediante la cooptación de autoridades locales, generando una dinámica donde los gobiernos funcionan como intermediarios para el control territorial empresarial.
La activista señaló que esta situación provoca divisiones comunitarias y coloca en mayor vulnerabilidad a las mujeres defensoras, quienes suelen ser excluidas de espacios de decisión y enfrentan campañas de difamación con contenido sexista que alcanza incluso a sus familias.
Por su parte, la activista chatina Maricela Zurita expuso que la defensa del territorio también implica enfrentar temas sensibles como violencia de género, violencia digital y abuso sexual infantil, donde persisten silencios e impunidad incluso dentro de las comunidades.
Zurita advirtió sobre los efectos del asistencialismo estatal, al considerar que los apoyos económicos han generado una percepción que desincentiva la crítica social y obstaculiza la discusión de riesgos territoriales. Según dijo, este fenómeno, sumado a la influencia de las redes sociales, contribuye a una “ceguera ciudadana” que desconecta a las personas de su realidad comunitaria.
