Río de Janeiro.- La policía brasileña presentó cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa en el marco de una investigación para determinar si el exmandatario se benefició del esquema de corrupción vinculado a Petrobras.
Lula, quien es investigado en otras dos causas, es acusado por la policía de corrupción, lavado de dinero y falsificación, tras descubrir que el expresidente es el propietario de un apartamento de tres plantas en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, y lo ocultó.
Junto al exmandatario, su esposa Marisa Leticia también fue acusada de corrupción por la policía federal, así como el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; el expresidente de la constructora OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, y el empresario Paulo Gordilho.
La denuncia contra Lula y su esposa será ahora analizada por la fiscalía, que deberá decidir si la acepta e imputa al exmandatario, lo que podría suponer un problema para las aspiraciones políticas de Lula en la elección presidencial de 2018.
“Se pudo saber que el matrimonio Luiz Inácio Lula da Silva y Marisa Leticia Lula da Silva fue beneficiario de ventajas ilícitas por parte de OAS en valores que alcanzan los 2.4 millones de reales (750 mil dólares)”, señaló la policía en su informe acusatorio.
Considerado “padre” de los programas sociales que han sacado de la pobreza a más de 30 millones de personas en Brasil durante la última década, la policía lleva meses evocando la posibilidad de que Lula se hubiera beneficiado de la trama en la estatal Petrobras.
La policía acusa ahora formalmente a Lula de haber recibido 750 mil dólares de empresas constructoras que, a cambio, habrían pagado la reforma de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá.
Asimismo, las empresas habrían cubierto los costes por almacenar en depósitos decenas de objetos personales acumulados durante sus años de presidente (2003-2010).
La policía también sospecha que Lula sería el propietario real -sin ser titular- del apartamento en Guarujá, lo que el propio expresidente y su familia niegan rotundamente.
Lula dice ser víctima de una “cacería judicial” en Brasil y ya presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aduciendo que la justicia brasileña está violando sus derechos.
Además de las investigaciones sobre el departamento en Guarujá, Lula es también investigado para esclarecer si, contrariamente a lo que alega, es propietario de una casa en la localidad de Atibaia, en Sao Paulo.
La policía federal también investiga si Lula habría recibido dinero ilícito procedente de constructoras, por conferencias realizadas en el extranjero tras abandonar la Presidencia, a cambio de que esas compañías se beneficiaran en el esquema de licitaciones en Petrobras, lo que fue descubierto por la Operación Lava Jato.
Notimex
