MÉXICO, D.F. El senador del PRD Benjamín Robles Montoya pidió garantizar el derecho constitucional que tienen los pueblos originarios de México a ser consultados sobre el uso que el Gobierno y/o terceros pretenda hacer sobre sus territorios y recursos naturales, para lo cual presentó una ley de consulta en la materia.
En sesión ordinaria del Senado de la República, el representante del estado de Oaxaca, entidad con el mayor número de pueblos indígenas, con el apoyo de senadores de Chiapas, Hidalgo y Guerero expuso ante el pleno:
“Someto a la consideración de esta Soberanía esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo de que este derecho de los pueblos originarios sea, por fin, instrumentado, obligando al Estado a que medie entre los diferentes derechos e intereses enfrentados, pugnando por alcanzar consensos que beneficien a todos, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática y pluricultural”.
Y es que refirió que a lo largo de la historia los pueblos indígenas han tenido que luchar contra la vorágine privatizadora que invaden sus territorios para despojarlos de sus tierras y de sus recursos naturales, algunas veces con engaños y otras a través de la fuerza.
Hechos con los cuales, dijo, se violenta su derecho a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.
“Sin duda, existen muchos ejemplos de esta situación: la construcción de presas hidroeléctricas, la industria minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros”, señaló el congresista federal.
Para darle mayor soporte a la iniciativa presentada, Robles Montoya citó los casos del levantamiento armado de Chiapas en 1994, para exigir el reconocimiento y respeto de su cosmovisión, de su territorio, de sus bienes y de sus instituciones. Así como uno de los casos más reciente de la comunidad Rarámuri de Huetosachi, en el estado de Chihuahua, en donde autoridades federales, estatales y municipales violentaron sus derechos al planear y ejecutar el proyecto turístico “Barrancas del Cobre” sin consultarlos.
Así como, continuó, la situación del pueblo Cucapá, en Baja California, a quienes no se les permitía pescar en los lugares que acostumbran hacerlo, porque el sitio quedó ubicado dentro del área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Región del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, decretada sin consultarlos.
O el del pueblo Wirrárika, en Jalisco, en donde la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro de su territorio, afectando su derecho a realizar sus peregrinaciones y otros actos espirituales y culturales.
Además está el caso de pueblos zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, apuntó, quienes alegaron la emisión de un Decreto de Veda del Acuífero de Valles Centrales sin que se les haya consultado, y quienes incluso ganaron un juicio de amparo en el que se ordena, a la Comisión Nacional del Agua, iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a efecto abrogar o modificar el decreto de veda.
“En los cuatro casos, los demandantes alegan que se violentó su derecho al territorio y el acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes, así como a mantener su identidad cultural, derechos reconocidos en la legislación positiva nacional e internacional”, precisó el senador Benjamín Robles.
