El Consejo para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) elevó un extrañamiento al gobierno de México por la creciente xenofobia, agresiones, torturas, potenciales leyes antimigrantes y hasta asesinatos sufridos por indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio mexicano.
A la par que el gobierno federal se ha lanzado diplomática y legalmente contra distintas violaciones a los derechos humanos de migrantes en Estados Unidos y Arizona, la administración del presidente Felipe Calderón recibió en mayo pasado un fuerte llamado de atención por parte de la ONU para poner la casa en orden.
El motivo: una serie de casos emblemáticos que dan idea de los abusos que sufren extranjeros indocumentados en México, lo mismo en el norte que en el sur del país.
Lo anterior consta en el expediente A/HRC/14/30/Add.1 enviado el 25 de mayo por el relator especial para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, al pleno de la CDHNU, máximo órgano mundial en materia de derechos humanos.
En éste se incluyen narrativas de distintos incidentes, que, aunque suenen difícil de creer, ocurrieron en México y prenden los focos de alerta en torno a cómo tratan a los migrantes sin papeles en territorio nacional, justo cuando se reclama a Washington respetar los derechos de los mexicanos en el norte.
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El asesinato, acontecido el 30 de septiembre de 2009, tuvo repercusiones inéditas y demostró el grado al que puede llegar la xenofobia en el país. Por razones aún sin explicar, Gustavo Ardón Alfaro, un indocumentado hondureño que laboraba como pintor en Saltillo, mató a cuchilladas a su empleadora, Perla Judith Quintero Caballero, ciudadana mexicana residente de Coahuila.
El homicidio detonó lo más cercano una cacería de migrantes que haya vivido México en los últimos años. “El joven, de origen hondureño, presuntamente asesinó a acuchilladas a Quintero Caballero e hirió de gravedad a Leslie Flores, quien era la empleada doméstica de la hoy occisa. Ha sido reportado que a partir de la ocurrencia de dicho caso, las personas migrantes han sido sujetos de actitudes xenofóbicas y discriminatorias (en Coahuila)”, sentenció Naciones Unidas.
Un refugio para indocumentados en Saltillo se convirtió en el centro de la ira de distintos grupos de mexicanos, que agredieron en distintas ocasiones a centroamericanos que ahí se hospedaban en tránsito hacia Estados Unidos. Su personal e instalaciones fueron blanco también de agresiones.
“El equipo de trabajo de la casa del migrante ha sido sujeto de hostigamiento por parte de algunos sectores de la sociedad civil y de los medios de comunicación”, se expone en el reporte, en el que se detalla que el 2, 3 y 4 de octubre del año pasado, varios centroamericanos fueron agredidos verbalmente a las afueras del refugio.
Para el 4 de octubre, un hondureño fue golpeado en una estación del tren por dos individuos, que le reclamaron que su gente haya matado a una mexicana. El 11 de octubre, una turba de 12 de personas se acercó al refugio rompió sus cristales y destruyó sus instalaciones eléctricas, dejando a los migrantes en la oscuridad.
Pero también hubo una ofensiva gubernamental. El 6 de octubre, el Congreso de Coahuila aprobó un llamado a la creación de una modificación legal que hubiera dado a la primera ley antimigrante de México, al pedir al Congreso modificar la Ley General de Población para “regular en forma clara” la operación de casas de migrantes en territorio nacional.
El caso llegó a oídos no sólo del relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, sino al del relator especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobía, así como al relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos.
Los tres relatores llamaron al gobierno mexicano a garantizar la protección de poblaciones vulnerables en el norte del país y deploraron que se haya llegado al extremo de buscar modificaciones legales que podrían afectar a los indocumentados.
“El relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes lamenta que la respuesta del gobierno incluya una acción legislativa (la modificación de la Ley General de Población) que está fuera de la competencia del Poder Ejecutivo”, se plasma en el informe de Naciones Unidas.
Desde los incidentes ocurridos en otoño pasado, la Casa del Migrante en Saltillo reportó a la ONU una disminución sensible en la población de indocumentados atendidos. Tienen, advirtió, miedo a represalias de “algunos grupos” de la población de Saltillo.
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También bajo análisis de las Naciones Unidas se encuentra un caso de homicidio y tortura, aparentemente orquestado por un pelotón de policías federales desplegados cerca de la frontera con Guatemala.
“El 18 de septiembre de 2009, las fuerzas de seguridad mexicanas dispararon contra una camioneta pick-up que transportaba a siete migrantes irregulares de nacionalidades ecuatoriana y salvadoreña cuando cruzaban la frontera en Comitán (…) según la información proporcionada, el conductor habría aminorado la marcha al acercarse a un control de seguridad, pero habría acelerado al ver la orden de alto de la policía. Los agentes de control de seguridad habrían salido tras ellos y presuntamente habrían abierto fuego”, se detalla.
Como resultado, falleció Víctor Alexander Melgar, un salvadoreño. Los otros seis migrantes resultaron heridos. Tres escaparon tres y tuvieron que ser hospitalizados. Pero sólo después de que fueran torturados, según documenta Naciones Unidas.
“Los tres migrantes que habrían quedado a disposición de las autoridades mexicanas habrían sido interrogados por agentes de policía y militares y presuntamente reportarían haber sido pateados y golpeados con las culatas de sus armas. Uno de los migrantes habría sido golpeado directamente en una herida de bala”, se revela en el informe.
Al momento de la publicación del reporte, el 25 de mayo pasado, Naciones Unidas manifestó su temor por la “seguridad de los migrantes, ya que no se han iniciado investigaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los policías mexicanos.
“Se teme también que los migrantes sobrevivientes puedan ser repatriados a sus países de origen antes de que los hechos hayan sido completamente clarificados”, alertó la ONU, que también mencionó otras tres muertes ocurridas en Chiapas, el 29 de abril de 2009.
Ese es el caso de Norma Dután, Levis Clarisa Moina y Kevin Pérez, asesinados por la Policía Estatal Preventiva de Chiapas. Sus casos están bajo análisis en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Después de que el consejo solicitara una explicación, el gobierno mexicano repuso únicamente que se disparó contra los migrantes “porque no se detuvieron en un retén”.
Milenio
