* La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado, faculta a la UIF para llevar a cabo las acciones contra la corrupción.
* De no estar fundadas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, será motivo del hazmerreir nacional.
Es inédita la congelación de las cuentas bancarias y orden de aprehensión de Emilio Lozoya por presunta corrupción y la detención de Alonso Ancira de la empresa Altos Hornos de México S.A.
Es un hecho sin precedente en la historia de México que obliga a la reflexión. De entrada despierta suspicacias. No hay que olvidar que Lozoya fue colector de dinero para la campaña de Peña Nieto.
Será posible tanta belleza. Hay que otorgar el beneficio de la duda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Salvo que se trata de una venganza porque Alonso Ancira se opuso a su triunfo.
En el sistema financiero nacional e internacional se identificó que se realizaron operaciones con recursos presuntamente ilícitos, y que se presumen derivados de actos de corrupción.
AHMSA denunció que las acciones de Hacienda eran arbitrarias y contrarias al Derecho, y afectan la economía de estados como Coahuila, en donde opera el gigante del acero de Alonso Ancira.
Clamamos al cielo con los brazos en alto para que las carpetas de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, por presuntos actos de corrupción, estén fundadas.
En caso contrario, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, será motivo del hazmerreir nacional.
El bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado de Derecho.
Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo.
A nuestro juicio, salvo prueba en contrario, no hay mayor ni mejor estrategia contra el crimen organizado incluyendo a la delincuencia organizada de “cuello blanco” que golpearles el bolsillo.
Duele más en la vida un golpe en el bolsillo que en los genitales. Por tanto, la solución para abatir la escandalosa corrupción del pasado, del presente y del futuro, es la congelación de las cuentas.
Esta decisión y acción gubernamental debe ir de la mano de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para confiscar y subastar los bienes muebles e inmuebles del hampa común y organizada.
No es nada nuevo en la lucha global contra las mafias internacionales. Hasta ahora la experiencia más exitosa es la lección de la red italiana de jueces antimafia Libera surgida en Palermo.
Para el modelo italiano, para llevar a juicio a alguien es suficiente con observar que hay una desproporción entre los ingresos que reporta a Hacienda y el número de propiedades que tiene.
Basta con tener un indicio que un sujeto pertenece a una organización criminal para que el gobierno asegure sus propiedades e inicie un proceso para que demuestre su procedencia lícita.
No hay que olvidar que en el caso italiano, la mafia no solo mataba fiscales, sino que ponía carros bombas y practicaba un verdadero terrorismo contra gente inocente al estilo del narcoterrorismo.
La experiencia italiana demuestra que para una mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra la delincuencia organizada, es necesario implementar judicialmente al menos tres instrumentos:
Una Fiscalía nacional y locales, representantes del ministerio público autónomo del poder político, una ley de extinción de dominio y una legislación para delincuentes realmente arrepentidos.
Es indispensable que por sus problemas de crimen organizado, México, instrumente una norma de este tipo, que establezca un eficaz y eficiente Programa de Protección de Testigos y sus familias.
Ello con el objetivo que los delincuentes puedan aportar a las autoridades información sobre sus cómplices y organizaciones criminales, a cambio de la reducción de la pena, protección del Estado para él y sus familiares, pago de asistencia legal y manutención económica de sus familiares.
En consecuencia, la actual Ley de Extinción de Dominio debería apegarse más al modelo italiano, a efecto de obtener mayores y mejores resultados en el combate contra la delincuencia organizada.
Muchas víctimas en México no ejercen su derecho a obtener justicia. Si la gente tiene miedo no denuncia. Con el perfeccionamiento de la Ley de Extinción de Dominio tendrían protección.
La ley que tenemos en México no está diseñada para un uso social de bienes confiscados; incluso algunas cosas se ponen a remate y los mafiosos pueden volver a comprar sus propios activos.
Los recursos para prevención social en los municipios deben venir del crimen organizado. El dinero y los bienes decomisados deben ser usados para generar beneficios sociales y reconstruir el tejido social que rompieron los criminales. Hacerlo así es un acto de estricta justicia social.
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