Como la oposición no alcanza a entender el problema de la inseguridad pública, entonces ha sido incapaz de colocar con seriedad el tema en la actual campaña electoral presidencial. Pero mientras no se entienda que la inseguridad es un asunto de seguridad interior, ni gobierno ni candidatos atenderán las cifras delictivas y criminales que son el problema número uno de la República.
Hacia el final de su sexenio, el presidente Peña Nieto fue convencido por el sector militar de que el problema de la seguridad pública era en realidad un asunto de seguridad interior y aprobó y promulgó una Ley de Seguridad Interior que fue bloqueada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también neófita de manera lamentable en las consideraciones jurídicas, políticas y sociales de la inseguridad.
La seguridad interior es un tema histórico: viene desde la Constitución de Cádiz de 1812, cuando se fundó el modelo de monarquía parlamentaria que luego derivó en el republicanismo federalista mexicano, y los constituyentes incluyeron un mandato legal para otorgarle al rey capacidad de decidir por sí mismo y sin autorización adicional la movilización de Fuerzas Armadas para mantener él “orden interno”, un concepto que se convirtió en seguridad interior en la Constitución de 1824, facultad 10 del 110 Constitucional que definía las facultades presidenciales.
La seguridad interior es la síntesis interna de la seguridad pública policiaca y la seguridad nacional fronteriza para impedir la entrada de ejércitos extranjeros, pero con la circunstancia agravante de que la seguridad interior enfoca la suma de seguridad pública y seguridad nacional en el mantenimiento/interrupción de la estabilidad territorial interna que afecta la viabilidad de la República, el funcionamiento de la democracia y las garantías que requiere el país para mantener el desarrollo nacional. La seguridad interior no es, pues, ni seguridad pública ni seguridad nacional, sino la seguridad territorial, institucional y de Estado para garantizar el desarrollo en toda la República.
Las organizaciones delictivas de todo tipo están capturando estructuras políticas, institucionales, sociales, territoriales y de gobierno y están desplazando el papel del Estado como a la única autoridad de seguridad. El gobierno actual cometió el error estratégico de ceder ciertos espacios para lo que se llamó gobernanza criminal o un entendimiento del Estado con los grupos delictivos para que su actividad delincuencial no afectara la estabilidad social, ni económica, ni política de las instituciones en los tres niveles de gobierno, pero los capos decidieron convertirse en políticos y gobernantes.
Hasta ahora, ninguna de las propuestas de seguridad de los tres candidatos se atreve siquiera a mencionar el marco teórico de la seguridad de interior, pero ninguna estrategia podrá frenar el avance de los grupos delictivos en la captura territorial de la República e institucional del Estado si no se compromete desde ahora abrir un gran debate para legislar sobre seguridad interior y obligar a los ministros hegelianos de la Corte y su teoría pura del derecho a entender que decisiones de seguridad como derecho de fuerza de la autoridad pública son indispensables para contener, retroceder y derrotar el avance en el control de la República que han desarrollado los criminales desde que los políticos del PRI en 1982 perdieron el control de los hilos de seguridad como mecanismo de estabilidad política y social.
Ni más policías ni más derechos humanos podrán resolver la crisis de seguridad 1982-2024 si no existe un marco jurídico e institucional para entender la seguridad interior que todas las doctrinas de defensa nacional en la historia mexicana han considerado como la facultad del Estado de garantizar dentro de la República el imperio de la ley, de las autoridades y del Estado.
La sociedad fue ajena al debate jurídico purista de la ley de seguridad interior de 2018 y lo único que pedía era la acción operativa del Estado para combatir a los delincuentes; la estrategia del presidente López Obrador invocó la seguridad interior, pero no la regularizó en sus planes de seguridad pública y prefirió la inmovilidad operativa de la Guardia Nacional para no generar conflictos de violencia que serán inevitables cuando el Estado retome la decisión de combatir la inseguridad. La Constitución actual e incluye el concepto de seguridad interior como facultad de responsabilidad presidencial directa, pero carece de una ley reglamentaria.
En este contexto, todo lo que se está diciendo en las campañas sobre seguridad es simple y sencillamente demagogia.
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Política para dummies: la política puede ayudar a resolver problemas.
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