#JaimeGUERRERO
Por el antecedente de la publicación de las CURP completas de 30 mil 924 aspirantes a bachillerato —principalmente adolescentes— durante su gestión en la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, la Sección 22 del SNTE-CNTE advirtió que mantendrá vigilancia sobre la actuación de Fernanda Chávez Cruz, recién designada encargada de despacho del IEEPO.
El magisterio no expresó un rechazo directo a su nombramiento, pero cuestionó sus antecedentes y advirtió que permanecerá vigilante ante las decisiones y procedimientos que adopte al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
“Estos hechos obligan a mantener una revisión permanente sobre las decisiones y procedimientos que ahora se implementen desde el IEEPO”, estableció la Sección 22.
Durante el proceso de ingreso a educación media superior, la Secretaría de Educación encabezada entonces por Chávez Cruz publicó las CURP completas de 30 mil 924 aspirantes, información que permitió identificar a estudiantes, entre ellos menores de edad.
Como documentamos en su momento, la exposición vulneró disposiciones de la legislación en materia de protección de datos personales y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El artículo 76 de esta última reconoce expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales.
Además, la legislación de protección de datos personales aplicable a sujetos obligados establece que las autoridades deben garantizar la privacidad y seguridad de la información personal bajo su responsabilidad y sujetar su tratamiento a principios como licitud, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad.
La Sección 22 retomó ahora directamente ese episodio al señalar que durante la gestión de Chávez Cruz en la Secretaría de Educación “se presentaron diversos señalamientos relacionados con la operación de los procesos educativos y, particularmente, con la publicación de datos personales (CURP), de más de treinta mil aspirantes”.
El sindicato también fijó condiciones para su relación con la nueva encargada del IEEPO: exigió que cualquier decisión administrativa respete los derechos laborales de sus agremiados y los acuerdos minutados con los gobiernos federal y estatal.
Demandó garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de las escuelas, proteger a las comunidades educativas y atender la falta de docentes.
La Sección 22 también marcó distancia frente a eventuales irregularidades en contrataciones y nómina.
“La contratación del personal educativo y la responsabilidad sobre la nómina estatal corresponden exclusivamente a la autoridad educativa”, estableció.
Por ello, se deslindó “de cualquier proceso irregular de contratación o de la existencia de personas que cobren sin desempeñar una función”.
Al mismo tiempo, exigió el pago inmediato de salarios a trabajadores que sí cumplen sus funciones en comunidades y centros educativos.
La organización magisterial advirtió que permanecerá “organizada, vigilante y firme” frente a la nueva conducción del IEEPO y cerró su posicionamiento: “¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!”.
