Unos cuatro indígenas se encuentran heridos y otros cuatro más detenidos, como resultado del conflicto por intolerancia religiosa que prevalece en el municipio indígena de San Juan Ozolotepec de la región sierra sur, donde el presidente municipal Pedro Cruz González ordenó demoler un templo evangélico, por presuntamente violentar sus tradiciones y creencias normadas en sus usos y costumbres.
Familiares de los agredidos demandaron la intervención de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para rescatar con vida a quienes se encuentran presos en la cárcel del poblado, donde son sujetos de tortura y vejaciones.
Alfredo Alonso y sus hermanos Raymundo y Aquiles, quienes lograron escapar con vida de una turba que intentó lincharlos, acusó al presidente municipal de la violencia que priva en tal poblado, localizado en la Sierra Sur oaxaqueña.
“Por obra de Dios estamos vivos, porque nos golpearon con toda saña utilizando hasta varillas y piedras; y amenazaban con quemarnos vivos tan solo por querer ayudar a nuestros familiares, que son víctimas de un abuso de autoridad por parte de una autoridad municipal intolerante”.
El agredido lamentó que el alcalde haya envenenado al pueblo, para generar un odio contra todo aquel que no es católico, violentando la ley y la propia Constitución que permite la libertad de creencia de todos los ciudadanos.
Indicó que el munícipe busca perpetuarse en el poder y para tapar sus actos de corrupción no permite que haya ninguna oposición en su contra, por ello ha arremetido contra los evangélicos, a quienes han sido los únicos que lo delatan y a los que ahora señala de traidores y difamadores de Dios.
Narró que luego de ordenar la demolición del templo evangélico, y el allanamiento de las casas de todos los seguidores de la congregación religiosa, mandó encerrarlos en la cárcel municipal, donde los ha mandando a torturar.
Entre los detenidos mencionó el caso de su hijo Leopoldo Alonso, a quien señala como pastor del grupo religioso evangélico, además Manuel Martínez Silva, Miguel Silva Reyes y Plácido Aragón.
En tanto el pastor de la congregación, Sergio Aquino Domínguez, anunció que se ha buscado la mediación de la Secretaría de Gobernación (Segob) para lograr la libertad de sus fieles.
Pidió medidas cautelares para los retenidos, en particular para la familia del pastor Leopoldo Alonso, a quien la autoridad municipal lo ha despojado de sus terrenos, ha mandado a quemar su vivienda y reprime a sus hijos.
El representante de la congregación religiosa, hizo un llamado al gobernador Gabino Cué para que intervenga ante los excesos cometidos, acusando de “timorata” la actuación del director de atención a conflictos religiosos en la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta que da evasivas ante la situación de extrema gravedad.
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