Toda vez que México suscribió y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cualquier proyecto, público o privado, que amenace con afectar a esas comunidades debe someterse a consulta con ellas. Ya suman 77 los casos en el país en los cuales la falta de este ejercicio –al que se encuentra obligado el Estado– ha dado lugar a conflictos sociales, así como a 33 juicios de amparo relacionados con megaproyectos, algunos de los cuales han sido cancelados, como el aeropuerto internacional que se construía en Creel, Chihuahua.
La falta de consulta a la comunidad provocó que un aeropuerto que se construía en Creel, Chihuahua, fuera suspendido por orden judicial. Ideado durante la administración de César Duarte, el proyecto pretendía imponerse en Repechike, Bocoyna, sin tomar en cuenta la opinión de esa localidad poblada por rarámuris.
Para obras de este tipo los gobiernos están obligados a consultar a las comunidades, pues México suscribió y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Asesorados por las organizaciones Alianza Sierra Madre y Consultoría Técnica Comunitaria, los rarámuris buscaron el amparo de la justicia constitucional para frenar la construcción del aeropuerto internacional de Creel. El 23 de noviembre de 2014, el juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, ordenó suspender la construcción (juicio de amparo 422/2014) debido a que se violentaron los derechos fundamentales de la comunidad indígena.
El de Creel es uno de los 77 casos que existen en el país en los cuales la falta de consulta a la que está obligado el Estado ha originado conflictos sociales, así como al menos 33 juicios de amparo relacionados con megaproyectos que implican por lo general negocios privados; algunos incluso han sido cancelados o enfrentan la incertidumbre, por los procesos judiciales pendientes de resolver.
Se trata de 25 proyectos mineros, 13 eólicos, otros tantos hidráulicos o hidroeléctricos, nueve gasoductos, cuatro agroindustriales, tres petroleros, tres termoeléctricas, dos ferroviarios y dos de infraestructura privada, así como el mencionado aeropuerto de Creel, un conjunto turístico y otro inmobiliario.
La estadística forma parte del más reciente Estudio sobre conflictos indígenas, que cada año realiza la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación, elaborado para análisis interno, en este caso con fecha de corte a enero de 2018.
Proceso obtuvo una copia del documento, a partir del cual se desagregaron los datos relacionados con los 77 conflictos generados por la ausencia de consulta. En total, la agonizante administración de Enrique Peña Nieto detonó 335 conflictos sociales, en su mayoría asociados a megaproyectos mineros, energéticos y de infraestructura pública o privada.
Favoritos y sin consulta
En los 77 conflictos por falta de consulta el común denominador es la acción del gobierno, principalmente federal, que implica favorecer a empresas nacionales o trasnacionales con ejecutivos vinculados a la clase política.
Por lo que atañe al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por ejemplo, al menos tres de las principales contratistas se han beneficiado con asignaciones y luego resultaron perjudicadas por la suspensión de obras debido a la falta de consulta.
Es el caso de la constructora La Peninsular, de Carlos Hank Rohn, quien ha participado en varios megaproyectos emblemáticos del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos el del NAIM y el del Tren Interurbano México-Toluca.
En este último caso, la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, denunció actos de corrupción en la construcción del Tren México-Toluca, que afecta 32 hectáreas de la comunidad.
Otra compañía involucrada en el NAIM, ampliamente favorecida desde el sexenio de Miguel Alemán, es Grupo ICA, cuya subsidiaria Controladora de Operaciones de Infraestructura fue beneficiada con la construcción de la Hidroeléctrica BOCA, situada en la cuenca hidrológica del río Tecolutla, en Puebla.
Asignado a ICA en 2014, el megaproyecto hidroeléctrico ha provocado inconformidad en unas 70 comunidades de ocho municipios de las sierras norte y nororiental de esa entidad, las cuales se oponen al establecimiento de hidroeléctricas en la ribera del río Apulco. Las comunidades no fueron consultadas, mientras desde el gobierno federal siguen fluyendo los permisos para otros proyectos.
No podía faltar la insignia de la corrupción sexenal: Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor, “vendedor” y financiero de la Casa Blanca que oficialmente adquirió Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto.
Entre los proyectos adquiridos por Higa antes del escándalo por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, cuyo trazo –además de implicar una gran devastación de bosques de la zona– se ha caracterizado por el proceso represivo contra las comunidades, principalmente ñañus (otomíes), afectadas por el megaproyecto.
Los indígenas de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, rechazan la construcción de la nueva autopista porque, dicen, las obras han afectado bosques, manantiales, centros ceremoniales y tierras de cultivo.
El gobierno municipal de Huixquilucan no ha querido reconocer como indígenas a las comunidades y barrios que se asumen como tales; por eso se ha negado a realizar la consulta correspondiente. Sin embargo, el 6 de abril de 2017 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ordenó la suspensión de la obra en Santa Cruz Ayotuxco hasta que se resuelva el juicio de amparo.
La abominable consulta
Con las normas internacionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Dirección para el Estudio, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la Corte ha integrado protocolos de actuación para jueces y magistrados que incluyen el derecho a la consulta, la autoadscripción y otros contenidos que deben ser tomados como referencia a la hora de procesar reclamos, según Elia Avendaño Villafuerte, asesora de esa área.
Sin embargo, al revisar los datos de la CDPIM puede observarse que los casos de negativa a la consulta, casi siempre para favorecer intereses empresariales, siguen planteándose en el aparato judicial.
Un ejemplo: los habitantes de Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco, en la Ciudad de México, se oponen a la construcción de un club hípico denominado Tepepan Country Club. El proyecto, a decir de los inconformes, pone en riesgo la zona lacustre y, por lo tanto, su patrimonio cultural y ambiental, por lo que exigieron se reconociera su derecho previo, libre e informado de consulta.
Sin embargo, en junio de 2015 el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa les negó el amparo al no reconocerlos como pueblo originario, pues en sus argumentaciones los magistrados decidieron que, por no hablar lengua indígena ni usar vestimenta tradicional, no eran indígenas. Con todo, los afectados han insistido en recurrir a instancias internacionales a fin de revertir la decisión judicial.
Otro caso similar involucra al Juzgado Tercero de Distrito de Puebla que, ante el reclamo de consulta por las comunidades que se verían afectadas por el gasoducto Tuxpan-Tula, decidió negarles el derecho por diferentes consideraciones.
En diciembre de 2017, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Puebla resolvió suspender la obra, pero según los habitantes de la zona la construcción continuó.
Las grandes compañías nacionales y extranjeras también han aprendido a sacarle la vuelta a las consultas, inclusive valiéndose de las estrategias políticas de clientelismo, para imponer sus decisiones.
Así ocurrió, por ejemplo, en las comunidades indígenas de Palulca, municipio de San Juan Texhuacán, y Aticpac, municipio de Zongolica, en Veracruz, donde la empresa Electricidad del Golfo les prometió apoyos económicos y en especie para avanzar en su proyecto hidroeléctrico sin realizar consulta. Tardó en cumplir y, finalmente, entregó 60 mil pesos a cada uno de los municipios afectados y ya terminó la construcción.
La mayor cantidad de conflictos, tomando en cuenta el sector, se manifiesta en el de la industria minera, pues en muchos casos, cuando el asunto llega a la SCJN las empresas sencillamente renuncian a su concesión, tramitan otra y continúan sus procesos extractivos, con lo que anulan así la materia de los juicios.
Este reportaje se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
