* La delincuencia organizada, denunciada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador “calienta” la plaza, a través de las presiones y chantajes de la UCIZONI y los sindicatos de transportistas.
* En este sentido, los funcionarios responsables de la política interior y seguridad pública de Salomón Jara incurren en un grave error de información y cálculo político por falta de eficaz y eficiente trabajo de inteligencia.
En la política nada se da por casualidad ni por generación espontánea ni caso fortuito, ni hay perro sin dueño ni caballo sin jinete, sino por causalidad ya que todos traen el fierro de un establo en las ancas.
De ahí que la ancestral maldición de la amplia gama de movilizaciones, marchas, bloqueo de calles y carreteras, toma de oficinas y casetas de peaje, retención de vehículos y funcionarios, tenga explicación.
Utilizan los chantajes de los grupos de presión como gran negocio de los funcionarios responsables de la política interior y de las finanzas de los gobiernos en turno y de los luchadores sociales vivales y venales.
Al renunciar el gobierno mexicano a usar la fuerza policíaco-militar como monopolio legítimo de la violencia institucional en el ejercicio del poder los poderes fácticos han minado el Estado de Derecho.
Han dinamitado las instituciones preventivas de la seguridad pública y seguridad nacional, así como a las instituciones persecutoras de los delitos del fuero común y federal y de la impartición de justicia.
En consecuencia, han detonado exponencialmente la creciente inseguridad y cada vez más brutal violencia como resultado de la escandalosa impunidad provocada por su enorme poder corruptor.
Este es el caso de la delincuencia organizada, a través de las bandas del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico, que hoy controlan dos terceras partes del territorio nacional, según EEUU.
Las diversas agencias de seguridad estadunidenses revelan que el mapa criminal del narcotráfico está conformado en México por siete cárteles, de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas
Otros cárteles que operan en el país son el del Golfo, los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios – la Familia Michoacana, así como grupos locales y regionales relevantes con numerosas escisiones.
Se trata de organizaciones que tienen o tuvieron dinero, armamento, logística y poder corruptor que les permitía tener presencia en cinco o más entidades del país, y coludir o infiltrar autoridades locales.
Las escisiones pulverizaron a estas organizaciones en múltiples células criminales antagónicas entre sí. Estas nuevas agrupaciones tuvieron que recurrir a otras actividades ilícitas como la extorsión.
Las nuevas células criminales derivadas de la escisión se vieron obligadas a diversificar sus actividades a nuevos mercados como el robo de combustible, a ferrocarril, a transportista y trata de personas.
Actualmente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es junto con el Cártel de Sinaloa (CDS) los únicos cárteles con presencia nacional. Oaxaca no es ajena a la presencia de ambas organizaciones criminales.
Además de la Cuenca, la Costa y Valles Centrales, la presencia más visible de ambos cárteles se da en el Istmo de Tehuantepec por la importancia estratégica geopolítica de su privilegiada ubicación geográfica.
Así lo prueba el creciente interés geopolítico del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de importantes empresarios por invertir en los cuatro Polos de Desarrollo para el Bienestar en Oaxaca.
Ello hace entendible el permanente sabotaje a las obras del Corredor Interoceánico, proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador y, a la fecha del gobernador Salomón Jara Cruz.
La delincuencia organizada, denunciada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador “calienta” la plaza, a través de las presiones y chantajes de la UCIZONI y los sindicatos de transportistas.
Asimismo, aprovechando la ambición de las autoridades municipales y de los representantes agrarios de pueblos y comunidades indígenas les utilizan para presionar y chantajear, a través de la UCIZONI.
En este sentido, los funcionarios responsables de la política interior y seguridad pública de Salomón Jara incurren en un grave error de información y cálculo político por falta de trabajo de inteligencia.
A los servidores públicos federales y a los estatales les debe quedar muy claro que los bloqueos promovidos por la UCIZONI para presionar y chantajear, de ninguna manera son casuales y sí causales.
@efektoaguila
*Este artículo de opinión es responsabilidad de quien lo firma.
