Una aguada marcha de apoyo el domingo pasado puso en un brete al gobierno de López Obrador: una cosa son los puntos de popularidad y otro la realidad de los efectos negativos de las principales decisiones de cinco meses de labor legislativa y dos meses de ejercicio de la presidencia.
En Palacio Nacional hay euforia porque la estrategia huachicolera –con muertos, desabasto y protestas– logró en una encuesta el 89% de apoyo, aunque uno de sus peores resultados haya sido la explosión en Tlahuelilpan y hasta ahora 114 muertos por la imprudencia de la población, la falta de decisión para mover a las fuerzas de seguridad y los pretextos de siempre.
Si el presidente López Obrador se va a mover por la popularidad en las encuestas, entonces tendrá que pagar pronto la fragilidad de los sentimientos populares. A la larga, lo que certifica a los gobernantes es la eficacia de los resultados. Y a final de cuentas, la popularidad es un sentimiento de las circunstancias. Los liderazgos populistas en Cuba, Venezuela y hasta los Estados Unidos dependen de las encuestas.
El primer año de gobierno de López Obrador se medirá por los resultados económicos del PIB, sociales de la pobreza y políticos de sus decisiones. La popularidad en encuestas, por ejemplo, no va a lograr el apoyo legislativo para su estrategia de seguridad, porque el paquete de reformas requiere el voto hasta ahora reticente de la oposición. La aprobación para la Guardia Nacional no debe partir de la popularidad, sino de la eficacia de sus objetivos.
Hasta ahora, en dos meses de gobierno, el presidente López Obrador ha tomado muchas decisiones que se han quedado a medias o han provocado efectos sociales negativos: el despido de trabajadores, la reducción de salarios en una coyuntura de deterioro del poder de compra, las vacilaciones respecto a Venezuela que indican hasta ahora un apoyoal dictador Nicolás Maduro, los 200 mil millones de pesos de pérdidas por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el retraso en los trabajos para la remodelación de Santa Lucía, los mensajes internacionales que indican baja de vuelos por la inseguridad en Santa Lucía, las cifras de muertos mayores a las de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, los mensajes de preocupación de la bolsa de valores, las críticas por asignación de compras de manera directa y el demérito de los organismos de comunicación del Estado para convertirlos en voceros presidenciales.
Y hay más: 131 mil millones de pesos de pérdidas de Afores por cancelar aeropuerto, investigación superficial de muerte del senador panista Rafael Moreno Valle y la gobernadora de puebla Marta Erika Alonso, pérdidas de 14 mil millones de pesos por bloqueo de vías férreas en Michoacán por los aliados presidenciales de la CNTE, abandono de la comunidad financiera internacional por la ausencia total de México en la reunión de Davos, pérdida de 137 millones de dólares por mantener parado el avión presidencial sin posibilidad de venta, salario de 8 mil pesos mensuales a jóvenes huachicoleros para que dejen de robar gasolina, buques petroleros parados, fracaso de la reunión del director de Pemex con la comunidad inversionista en Nueva York, compra de 571 pipas sin licitación, distracción de militares en cuidados de los ductos de gasolina, pérdidas por 173 mil millones de dólares en cancelación de proyectos de energías limpias y un Tren Maya que tiene oposición nacional e internacional.
Los dos meses de conferencias presidenciales matutinas son una buena contabilidad de las justificaciones, culpas a sus antecesores y pretextos por falta de resultados que ya le corresponden al gobierno actual. Los efectos sociales de esa forma de comunicar son circunstanciales, de corto plazo, y dependen del bono político de una candidatura forjada sobre la crítica a los últimos gobiernos priístas y panistas.
Los consensos políticos basados en popularidad pueden ser contraproducentes porque justificarían errores, malos resultados y pésimos gobiernos en tanto que el titular del poder represente sentimientos de algún tipo: los cubanos han cumplido sesenta años de yugo familiar castrista y pobreza generalizada a cambio de un liderazgo anti estadunidense; las bases de apoyo de Maduro en Venezuela son sólidas al grado del deterioro de la calidad de vida. Y hasta Donald Trump mantiene una base electoral fuerte, a pesar de los errores garrafales y de su agenda racista, agresora sexual e imperialista.
El otro problema de los liderazgos caudillistas radica en los costos de las popularidades: los cubanos, los venezolanos y muchos estadunidenses pagan cualquier costo por mantener a sus líderes, aun cuando ese costo sea de empobrecimiento creciente. Los cubanos y venezolanos son hoy más pobres que cuando comenzaron los Castro y Hugo Chávez y Maduro, pero los siguen sosteniendo en el poder.
El riesgo político y social en México radica en mantener popularidad a pesar de la ineficacia.
Política para dummies: La política se mide por resultados, no por sentimientos.
