La historia, madre y maestra del hombre, prueba ampliamente que la democracia es una degeneración de las formas de gobierno indirecto, usando demagógicamente a los pobres para asaltar el poder.
El ejemplo más claro y concreto por más próximo, es el socialismo populista abanderado por Manuel Andrés López Obrador (MALO) desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En tales condiciones, es vital, es decir, asunto de vida o muerte democrática, denunciar la manipulación y utilización de la ignorancia y miseria de los pobres, por la nefasta partidocracia.
En efecto, convencidos de ello, no podemos menos que recordar cómo a lo largo de la historia los peores enemigos de la libertad han sido los pseudodemócratas, como Gabino Cué y MALO.
Un caso que obliga a mencionarse, es el de la ingobernabilidad electoral por una modalidad de la delincuencia, los políticos hampones, que generan ingobernabilidad, como ocurre en Tlacolula.
La cuna del último presidente republicano, nacionalista, digno y valiente, calificado de represor por la canalla comunista, don Gustavo Díaz Ordaz, vive días aciagos por la disputa electoral.
El fondo de los bloqueos carreteros de los padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Presidente López Mateos de Tlacolula de Matamoros, es la lucha entre Morena y el PAN, PRT, MC.
El presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Fausto Díaz Montes es acusado de acaparar espacios en el Partido Acción Nacional (PAN) al buscar su reelección y al imponer a su esposa como candidata a diputada federal.
El objetivo es garantizarse impunidad ante las corruptelas instrumentadas en el DIF Estatal por Jorge Enrique Castillo Díaz en complicidad con María de Fátima García León, principal operador político-financiero de Gabino Cué.
Según fuentes del partido blanquiazul, con el apoyo de intereses oscuros presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, Fausto Díaz Montes, registró a su esposa María de Fátima García León como candidata a la diputación federal por el distrito IV de Tlacolula.
No hay que olvidar que la dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Antonia Natividad Díaz Jiménez, es familiar de Fausto Díaz Montes en línea directa.
Sobre la ex directora del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca pesan graves acusaciones por el presunto desvío de cerca de 3 mil millones de pesos de programas sociales, cuando estuvo al frente de ese organismo durante el sexenio gabinista.
Sabedor que los padres de familia de la escuela primaria dañada son manipulados por los maestros lopezobradoristas de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al alcalde Fausto Díaz Montes le ha valido madre el conflicto, ya que con irresponsable omisión busca endosar el conflicto al gobierno de Alejandro Murat por razones de rentabilidad político-electoral.
Los manifestantes, que han bloqueado a la altura de Santa Ana, denuncian que el plantel presenta daños en su infraestructura desde 2016, los cuales se agravaron por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del año pasado.
En ese contexto, el profesor José Sánchez Lázaro, director de esta primaria, acusó que el presidente municipal Fausto Díaz Montes, no les permita ejercer los recursos que ya están disponibles para la demolición y construcción de cuatro aulas afectadas.
Dice que Fausto Díaz, quiere poner una plaza comercial en el lugar donde está la escuela y por eso no les permite utilizar los 2 millones de pesos ya autorizados para la reconstrucción del plantel al cual asisten 700 alumnos. La primaria cuenta con 20 aulas más sus anexos.
El bloqueo se ha reactivado por espacio de varios días a lo largo de muchas horas, provocando caos vial e ingobernabilidad, en virtud que el gobierno municipal, que encabeza Fausto Díaz Montes, no se ha abierto al diálogo y menos atiende la petición de reconstrucción de la escuela.
Acusan al presidente municipal del probable desvío de recursos millonarios, toda vez que se tenían autorizados dos millones de pesos para la reconstrucción de cuatro aulas en el 2016, pero a dos años desconocen dónde quedó el recurso, por lo que exigen una investigación.
Su mayor temor es que los 2 millones de pesos hayan sido desviados a la construcción de la lujosa residencia que habita el presidente municipal de Tlacolula de Matamoros en la capital oaxaqueña.
Los inconformes recurrieron al secuestro de unidades de transporte de carga que atravesaron la carretera para evitar el paso y con ello provocaron largas filas de automovilistas varados en la zona y exigir que a la brevedad se dé solución a este tema educativo.
Más preocupante es todavía que con los consecutivos bloqueos, también aumenta el tráfico y el riesgo para los automovilistas y transeúntes, ya que en su desesperación por librar el caos se registran accidentes viales y atropellamientos.
A 18 meses que concluyera el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió información a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental sobre la falta de operación de más de mil 800 cocinas comunitarias y comedores del 2010 al 2016.
Durante el gabinato estuvo al frente del DIF estatal, María de Fátima García León, esposa del presidente municipal de Tlacolula de Matamoros y actual candidata a diputada federal por ese distrito por la coalición “Por México al Frente”, integrada por el PAN, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con el órgano auditor federal, de 2 mil 300 cocinas comunitarias que se reportaron activas, durante el sexenio pasado, menos de 500 realmente estuvieron abiertas para operar como centros de distribución de despensas y alimentos preparados.
García León se suma a los exfuncionarios investigados por la ASF, como Salomón Jara, quien aún no ha solventado un desvío de más de 50 millones de pesos en la Sedafpa, según denuncia de la ex Secretaria de la Contraloría Perla Marisela Woolrich Fernández, actual candidata al Senado de la República por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.
En el caso de Fátima García León, las indagatorias que realiza la ASF están enfocadas a la operación de las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias, mismas que tuvieron que rehabilitarse a partir de este sexenio, sobre todo porque durante seis años se engañó a las autoridades federales y a las mismas comunidades, pues nunca recibieron desayunos y comidas con verduras, frutas, cereales y leguminosas, salvo durante las giras de funcionarios federales.
La información solicitada está relacionada con los reportes de operación de cocinas y comedores en los Valles Centrales, la Sierra Norte, el Papaloapan, la Costa y el Istmo, además de las regiones de la Cañada y la Sierra Sur.
Trascendió, además, que el órgano auditor del Congreso de la Unión cuenta con elementos que vinculan a varias empresas, como Productos Serel S. A. de C. V., en operaciones que les permitieron no solamente simular ventas, sino también pagos de alimentos, corruptelas en las que aparece la mano negra de Jorge Enrique Castillo Díaz, principal operador político-financiero de Gabino Cué.
Productos Serel, filial del Corporativo Kosmos, recibió seis contratos del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (DIF), que sumaron dos mil 826 millones 704 mil 279.14 pesos.
El Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landson, de origen judío, aglutina a las empresas Serel, la Cosmopolitana y Koltov; pero es señalada por prácticas monopólicas al también ser propietarios de las empresas, Comercial Landson´s, Comercializadora El Sardinero y Productora Procesadora Agrícola de México.
A través de estas empresas acaparan las licitaciones amañadas con diferentes gobiernos de los estados a través de los DIF, como ocurrió con la complicidad de Jorge Enrique Castillo Díaz, en el gabinato, y en dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La falta de operación de más de mil 800 cocinas comunitarias, de acuerdo con los reportes, podrían haber causado un quebranto al erario federal por 2 mil 895 millones de pesos en el DIF que todavía es investigado.
En 2013, trabajadores sindicalizados del DIF denunciaron que el programa de Cocinas Comunitarias había sido un gran fraude, pues mientras se informaba que estaban establecidas 2 mil 200 cocinas comunitarias en el estado, en realidad sólo funcionaban 459, aunque los recursos de las demás se “comprobaban en el papel”.
El programa inició en abril de 2011 y anunciaba el funcionamiento de dos mil 200 cocinas comunitarias en la entidad, con una inversión de 500 millones de pesos; sin embargo, el 25 de noviembre de 2011, el Sistema de Transparencia Gubernamental informó que “al día 15 de noviembre de 2011, se ha ejercido/pagado la cantidad de 213 millones 183 mil 559 pesos con 18 centavos”.
La información del DIF Oaxaca revela que los contratos anuales fueron cercanos a los 500 millones de pesos en la adquisición de alimentos para el programa de cocinas comunitarias, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Sin embargo, en cada uno de los años la dependencia estatal aprobó ampliaciones presupuestales, por lo que la empresa recibió en total dos mil 895 millones 96 mil 766 pesos; es decir, 68 millones 392 mil 486.86 más al monto contratado.
@efektoaguila
