En agosto de 2008 se firmó un Acuerdo Nacional de Seguridad que establecía la necesidad urgente de capacitar a policías estatales y municipales para combatir a un crimen organizado que se había colado precisamente cooptando a esos niveles policiacos.
En marzo de 2019, al aprobarse la reforma constitucional de la Guardia Nacional, el artículo Séptimo Transitorio estableció exigencias urgentes para poner orden en las policías estatales y municipales porque por ahí se seguía colando el crimen organizado.
Y aún no se cumplen esos compromisos que tienen que ver con la seguridad estatal y municipal ante la delincuencia en sus diferentes niveles y ahora los cuerpos locales de seguridad aparecieron reprimiendo protestas sociales como no se veía desde los tiempos del PRI en mandos nacionales y estatales.
En las áreas de seguridad y orden en las calles, las policías estatales y municipales aparecen con grandes márgenes de autonomía relativa del mando político central. O gobernadores y alcaldes son cómplices de los comportamientos de sus fuerzas de seguridad o han descuidado la supervisión y los policías se mueven por su cuenta… y por sus intereses.
En materia de seguridad, el Séptimo Transitorio de 2019 fue muy claro:
“Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.”
Sin ninguna justificación jurídica o razonable, esos informes no se han presentado o algunos se entregaron con información parcial. En la estructura local, el control de policías por gobernadores y alcaldes es un instrumento de poder político sobre sus núcleos sociales.
El otro mandato constitucional del Séptimo Transitorio tampoco se ha cumplido:
“Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.”
Después de doce años de colapso de seguridad, ahora la crisis que está llegando de inestabilidad social en las calles ante protestas pivoteadas por grupos de choque anarquistas y no ha habido decisión para someter a control a las fuerzas locales de seguridad. El gobernador jalisciense Enrique Alfaro podría tener razón en acusar a grupos provocadores de Morena, pero las policías de su estado están fuera de su control.
Y ante las protestas sociales que van a ir aumentando de intensidad y fuerza, como se vio en Jalisco y Ciudad de México, las fuerzas policiales municipales han sido dotadas de equipamiento represivo, pero no han sido capacitadas en control y administración de movilizaciones masivas. Los reglamentos para el uso de la fuerza que existen a nivel municipal, estatal y federal son letra muerta, sobre todo en sus artículos que señalan la negociación antes que la represión.
La salida intermedia del mando único se quedó en el mero control de las policías estatales y municipales, sin capacidad ni entrenamiento de esos mandos únicos en materia de criminalidad y protestas sociales. Las policías municipales siguen en el ojo de la crisis de seguridad porque han quedado subordinadas a las células del crimen organizado, además de que no se ha resuelto la capacitación requerida para entender las nuevas reglas y políticas de seguridad federal y tampoco recibido el equipo de trabajo. Jefes policiacos en Guanajuato, Chihuahua, Colima, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, aparecen en el centro de denuncias por complicidad con grupos delictivos.
Lo que queda es la aplicación urgente de los programas de capacitación y control de policías locales que ha presentado el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, que se han ido posponiendo en Palacio por presiones de gobernadores.
Política para dummies: La política es lo policiaco con mano suave.
