Un grupo de intelectuales vinculados a la academia, que se formó en torno a la figura de don Víctor L. Urquidi, analizará y discutirá el próximo sábado, en Tepoztlán, Morelos, un tema fundamental del México de nuestro tiempo: “Peña Nieto: los primeros cien días… y más allá”.Digo fundamental, no sólo porque se intentará una aproximación crítica, seria e informada al programa político del primer presidente priista después de la alternancia de 2000, sino por el apremio y gravedad de los problemas recientes y ancestrales a que tendrá que enfrentarse su gobierno y porque el sólo intento de poner en práctica su programa, recogido en el Pacto por México, desatará –ya ha desatado– fuertes resistencias de poderosos grupos de interés.
En la reforma educativa, que a mi juicio es uno de los ejes del pacto, el gobierno logró un avance notable con los agregados al artículo tercero constitucional, debido en gran medida a la rapidez con que los anunció y gestionó; pero el forcejeo con los líderes sindicales, asidos a sus cotos de poder, apenas empieza y la reforma aún puede ser burlada con modificaciones cosméticas a la Ley General de Educación y con ofensivas políticas del SNTE y la CNTE que en esto, como en mucho más, tienen intereses comunes. Algunos estudiosos de la educación (Nexos febrero de 2013) opinan que la reforma constitucional fue un triunfo del Estado en esta fase y que acciones como una huelga general, no son probables porque serían muy costosas para el gobierno, claro, pero también para los líderes sindicales.
Si la reforma educativa está siendo ardua, más lo serán las otras que, tal como están planteadas, afectarían directamente intereses económicos y políticos mucho más fuertes que el sindicato magisterial. La reforma hacendaria, en su capítulo fiscal, encuentra resistencias dentro del propio PRI, cuyos documentos básicos impiden, hasta hoy, que los militantes y dirigentes del partido convaliden el IVA en alimentos y medicinas; lo más espinoso será darle auténtica progresividad a los impuestos directos, es decir, aumentar las tasas conforme es mayor el ingreso de las personas, al tiempo que se cierran todas las rendijas a la elusión y evasión tributarias.
La firma del pacto, supone que, en principio, los diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM votarán las reformas constitucionales y legales para darle sustancia, al menos en los temas donde haya coincidencia de intereses y propuestas. Sin embargo, no hay garantía de que los legisladores de esos partidos respalden todas las iniciativas del gobierno –por ejemplo la energética– cuando los dirigentes no cuentan con el apoyo de todas las corrientes de sus partidos, como lo ha mostrado la insurrección contra Zambrano en el PRD. Aun así, el pacto aumenta la capacidad de negociación del gobierno y, como escribe Félix Fuentes, los cambios a la Ley de Amparo y la lealtad de las fuerzas armadas fortalecen al presidente.
Lo que está en juego es la viabilidad del Estado como guía e impulsor directo del desarrollo y de una mejor distribución del ingreso, que es el prerrequisito para ampliar el mercado interno y detonar la inversión de mexicanos en el país, aunque las circunstancias externas no son propicias, tanto por el triunfo del modelo neoliberal a finales de la guerra fría como por la frustración del Estado de Bienestar en la Europa contemporánea.
A esta tendencia global se han agregado, en México, las mutilaciones del sector público iniciadas en el período del presidente Miguel de la Madrid y llevadas a su máxima expresión en los dos sexenios panistas: los gobiernos han retrocedido en temas consustanciales al Estado mexicano, como la laicidad, la banca de desarrollo, la promoción industrial.
A consecuencia del “adelgazamiento” del Estado, surgieron nuevos poderes de facto gestados, en su mayoría, al amparo “los gobiernos de la revolución”. Tal es el caso de las dirigencias sindicales antes oficialistas, los propietarios de las empresas que prosperaron al cobijo de los estímulos oficiales y que, con la apertura, las vendieron a consorcios extranjeros para convertirse en importadores y distribuidores de las matrices; es también el caso de los monopolios que emergieron con las crisis del mercado de valores y la venta de garaje de empresas públicas, como Teléfonos de México, y de las instituciones extranjeras propietarias de la mayor parte de la banca que opera, con ganancias leoninas y mínima eficiencia, la en la canalización del ahorro hacia inversión. La violencia criminal es uno de los obstáculos, no menores, a cualquier cambio de fondo.
Por último, el Estado no cuenta con la administración pública o dispone de ella a medias. El burocratismo, la corrupción, la impunidad, y más recientemente la simulación del panismo al ocupar espacios de la burocracia intermedia con el pretexto de crear un servicio civil de carrera, hacen que la maquinaria administrativa desvirtúe o de plano impida el cumplimiento de las decisiones de los altos niveles de gobierno.
Las múltiples respuestas a todos estos obstáculos son políticas y no son exclusivas del presidente de la República, sino también de los partidos, las organizaciones académicas y ciudadanas, los medios de comunicación. Es el momento de que cada ente público, social o privado, cada ciudadano, defina su posición en torno al pacto: dar un apoyo vigilante a sus principales programas u oponer alternativas viables para encarar la difícil circunstancia del país en un mundo globalizado e incierto.
