“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala.” Benito Juárez, gobernador de Oaxaca. 2 de Julio de 1852.
Si el ejemplo de gobernar de Don Benito es un referente importante para el gobierno que iniciará actividades el 1 de diciembre de este año, valdría la pena tener presente varios de sus conceptos, sobre todo, cuando en la Suprema Corte de Justicia se están expresando opiniones de resistencia a los cambios que ha propuesto el próximo jefe del ejecutivo federal, en el sentido de que ningún funcionario público deberá ganar sueldos más altos que el del presidente de la República.
Al respecto, José Ramón Cossío, ministro de la SCJ, afirmó que no puede bajarse el sueldo de los ministros pues la ley se los impide, como lo señala el artículo 94 Constitucional, pero si pueden aplicar algunas medidas de austeridad a partir del año entrante, en concordancia con los otros poderes de la Unión. Agregando, que el sueldo de los ministros de la SCJ lo fija la Cámara de Diputados, lo cual según Cossío, se debe entender, que no es atribución ni función del Presidente de la República fijar la cantidad que deberán cobrar los privilegiados funcionarios de la Corte.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación, aclaró que los salarios de los jueces, magistrados y ministros no pueden ser disminuidos. La ex ministra de la Corte Suprema se apoyó en la Constitución de 1857 la cual señala, en el artículo 94, que los sueldos de los magistrados y ministros están garantizados para no ser disminuidos debido a la independencia y la autonomía del poder judicial.
Pronto salió a la defensa la de los intereses económicos de la Corte la ex ministra de la cual es jubilada con una rica pensión. Sin embargo, ante el artículo 94 Constitucional hay otro artículo contundente el cual señala que: “ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico”; por lo cual se infiere que ningún funcionario público, aun trabajando en un poder autónomo como el judicial, podrá ganar más dinero que el Presidente de la República.
Ahora bien, se le olvida a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al propio ministro José Ramón Cossío; que las iniciativas de ley son las vías jurídicas para modificar la Constitución y que, en este caso, sería la que el Ejecutivo podría enviar a la Cámara de Diputados proponiendo la reducción de los sueldos de tan privilegiados ministros.
De esta forma, se estaría cumpliendo con la ley, con la justicia y con la moral que han sido propuestas por él que, a partir del 1 de diciembre, será titular del Ejecutivo Federal. Sorprende entonces que, aun no habiendo iniciado actividades el gobierno de Andrés López, la que será Secretaria de Gobernación ya lo anda contradiciendo enmendándole la plana con artículos y leyes que, para ella y para el ministro Cossío, son “indiscutibles”, presumiendo de que el Poder Judicial es un poder autónomo e independiente de la República y, por lo tanto, intocable. ¿Será?
Confundir la autonomía e independencia para proteger intereses económicos no es buena ni positiva señal, toda vez que el Poder Judicial es parte de los poderes de la Unión y como tal debe manejarse. Autonomía e independencia para trabajar sí, pero no para enriquecerse a costillas de la nación y continuar disfrutando de privilegios que el resto de los mexicanos no tienen.
O se es parte del futuro gobierno y se trabaja con la ideología propuesta, o mejor no aceptar el cargo para el que se ha sido designada por no estar de acuerdo con las reglas del juego. Trabajar con Dios y con el Diablo al mismo tiempo no es recomendable porque alguno de los dos saldrá traicionado. Y tal parece que Olga Sánchez Cordero ya escogió quien es Dios y quien es el Diablo.
El debate sobre este caso ya se abrió y continuará creciendo en la medida en que pasen los días y aumente la resistencia de los ricos ministros para aceptar disminuir sus jugosos salarios.
Lo interesante será cuando el Presidente Constitucional cumpla su palabra y envíe la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para reducir los elevados sueldos de los funcionarios públicos que superan, en mucho, a los devengados por el Presidente de la República, como es el caso de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia.
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