Pobreza y violencia impacta en la niñez oaxaqueña

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Diana Méndez

 

De acuerdo con el informe de Derechos Humanos del periodo 2018-2023, elaborado por organizaciones civiles de Oaxaca, la violencia contra menores de edad incrementó en la entidad. Durante el periodo que abarca la evaluación se documentaron altos niveles de crueldad en homicidios y el crecimiento de violencia contra niñas: el 40% de casos de violencia feminicida registrados en diciembre 2022 a abril 2023 fueron contra menores de edad.

 

Refirieron, que un caso que da cuenta de las violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de las omisiones de parte de las instituciones educativas, de derechos humanos y de justicia, es el de Paola adolescente de San José Manialtepec, Villa de Tututepec, Oaxaca, discriminada por usar el pantalón y no la “tradicional” falda del uniforme escolar, impidiéndole ingresar a la escuela.

 

En Oaxaca viven 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 24.4% habla alguna lengua indígena, es la segunda entidad con mayor población indígena de niñez y adolescencia.

 

El 71.8% vive en situación de pobreza, colocando a la entidad en el tercer lugar con mayor porcentaje de menores de edad en esta condición, y también en tercer lugar con mayor porcentaje de población infantil y adolescente con carencias en relación con acceso a la alimentación sana y nutritiva, servicios de salud y vivienda.

 

En cuanto al derecho a la salud y derecho a una alimentación nutritiva y de calidad, en 2021, el 35.4% de menores de edad presentaba carencia en acceso a servicios de salud, aunado a que desde 2018 Oaxaca ocupa el primer lugar con obesidad infantil.

 

En este contexto, en 2020 fue reformada la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca prohibiendo la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y ultraprocesados a menores de edad. Pero se quedó en letra muerta dado que no se le ha asignado presupuesto para su implementación, ni se han tomado medidas para garantizar la protección del derecho a la salud de las juventudes.